Este jueves en el Congreso se debatirá y votará la ley de vivienda, con el voto en contra del Partido Popular, al considerar el partido que no aborda el problema de la okupación y dificulta el procedimiento para que los propietarios puedan recuperar sus viviendas ocupadas ilegalmente.
María Jesús del Barco, magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha sido entrevistada en el programa 120 Minutos de Telemadrid sobre la situación actual de los procesos de lanzamiento de desahucio en casos de okupación.
"Lo que antes era un procedimiento muy sencillo, con la legislación desde el año 2020 se empieza a parecer a una misión imposible el desalojar a inquilinos que no pagan. Ahora a los jueces nos llega la alegación de que se está ante una situación de vulnerabilidad, hay que paralizar el procedimiento y pedir informe a Servicios Sociales para que nos diga si la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad", explica la magistrada.
"Frenar el procedimiento ya es un perjuicio para el propietario y es el Estado el que debe garantizar la vivienda a las personas que no tienen recursos, no un particular. La alegación de la vulnerabilidad ampara a personas que dejan de pagar el alquiler, pero también al que pega una patada en la puerta y se mete dentro", advierte.
Según María Jesús del Barco, "el Estado, como Estado social y de bienestar, tiene que dar respuesta a esas personas vulnerables que carecen de recursos. Pero nos encontramos casos de personas que se saltan los procesos y ocupan viviendas públicas y de particulares. Parece que le estamos diciendo al ciudadano que incumplir la ley tiene su recompensa".
La enmienda pactada por el PSOE con sus socios implica modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para añadir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje en caso de que los implicados sean grandes propietarios con 10 o más inmuebles y personas vulnerables.
El Gobierno explica que el objetivo es que las administraciones tengan más tiempo para poder encontrar una alternativa habitacional para las personas vulnerables y que podrá ser en casos en los que no exista todavía procedimiento judicial. Según el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, la okupación se ha disparado desde que Sánchez preside España y la nueva ley no incluye "ni una sola medida para frenar las okupaciones ilegales".