Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos en la campaña de las generales del 28A lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos.
"No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma. Pero era imposible cumplir una orden ilegal", sostiene el presidente de la Generalitat.
A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió "si o no" la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia".
"Yo, como presidente de la Generalitat, tenía el deber de defender los derechos y libertades de mis conciudadanos"
"Yo, como presidente de la Generalitat, tenía el deber de defender los derechos y libertades de mis conciudadanos, que en este país ha costado mucho obtener y no permitiré nunca que sean vulnerados o pisados", ha alegado Torra, que únicamente ha contestado a las preguntas de su defensa.
"Las órdenes de la Junta Electoral Central eran ilegales"
En su declaración, Torra ha insistido, como ya hizo en fase de instrucción, que las órdenes de la JEC para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos eran "ilegales", dado que este no es un órgano "superior jerárquico" al jefe del Ejecutivo catalán y que, en todo caso, la Junta Electoral Provincial era la competente.
A su entender, la JEC actuó de manera "omnipotente y omnipresente" y le "amenazó", lo que demuestra que se trata de un caso de "censura" y de vulneración del derecho a la libertad de expresión.
Tras negarse a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox, y después de que su abogado exigiera al tribunal que lo tratara con los honores de presidente de la Generalitat, Torra ha acusado a los miembros de la JEC de haber planteado una "disyuntiva muy clara": Por un lado hacerle obedecer "un acto nulo e ilegal" o por el otro hacerle "prevaricar" por forzarle a dictar una orden general para la que no tenía competencias.
Torra ha lamentado que las impugnaciones que planteó contra las decisiones de la JEC están todavía pendientes de resolver en el Tribunal Supremo. "Lo que me sorprende es que se haga este juicio sin que este otro procedimiento haya acabado. La justicia en ocasiones corre mucho o, en ocasiones, corre muy poco", ha denunciado.
El presidente ha recordado los comentarios públicos de dos integrantes de la JEC, algunos de ellos "despectivos" hacia el independentismo: "Por esto presentamos la querella en su contra, entendemos que han prevaricado. De lo que se trataba era de llevar al presidente de la Generalitat hoy aquí (al banquillo de los acusados)", ha señalado.
Torra ha alegado además que las órdenes de la JEC no eran claras, ya que por ejemplo en su primer escrito le conminaban a sacar los lazos amarillos "o" las 'esteladas', por lo que las impugnaron, ante lo que, de forma "sorpresiva", este órgano respondía cada vez con una mayor "ambigüedad", hasta buscar la "censura total" para que se sacaran todos los emblemas de los edificios públicos.
"Esto era un acto de censura. No estaba dispuesto a permitirlo", ha aseverado Torra, que ha declarado que sintió que la JEC le amenazaba con sus instrucciones: "Entendí que acabaría aquí. La JEC había tomado una decisión en la que se me conminaba y amenazaba, sabiendo perfectamente que no era posible tomar una decisión ilegal porque no quería prevaricar y que acabaría aquí".
En este sentido, Torra ha alegado que edificios públicos, como escuelas o centros sanitarios, no son titularidad de la Generalitat ni competencia del presidente y ha aclarado que "nunca" ha considerado, ni lo hará, dar una orden a un director de escuela o de hospital respecto de cualquier decisión que deban tomar, porque respeta su autonomía.
Por este motivo, ha justificado que no podía dar una "orden general" para retirar los lazos amarillos de edificios públicos: "No tengo esta competencia en absoluto y, en cambio, tengo muchos deberes como presidente: Defender los derechos y libertades de mis ciudadanos. Nunca ordenaré a nadie que retire un lazo o una 'estelada' o un símbolo que se considere que debe lucir en su edificio".
Buch, Cunillera, Artadi, Ribó y Carrizosa no testificarán
El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal en Barcelona, Elsa Artadi, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el presidente de Cs en el Parlament, Carles Carrizosa, finalmente no declararán como testigos en el juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tal y como estaba previsto.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha acordado que no declaren en el juicio por presunta desobediencia después de que Vox, que fue quien solicitó sus comparecencias, haya renunciado a ellos, una vez Torra ha declarado como acusado.
Vox, que ejerce de acusación popular en el juicio, ha renunciado a dichos testigos, y en el caso de Buch lo ha hecho después de que presentara una baja médica, pese a que el abogado Juan Cremades ha valorado que dicho documento "no es justificativo" para no comparecer en un juicio.
