Alexander y su pareja declaran que llevaban desde 2020 viviendo en un piso de alquiler en Rivas por el que pagaban 400 euros al mes a Elisa, una mujer que, a su vez, abonaba esa cantidad a la verdadera propiedad: un fondo de inversión.
Los problemas para la pareja alquilada comenzaron cuando la supuesta propietaria, según dicen, se fue de Madrid y les pidió "que adelantasen el dinero del alquiler de todo un año" para poder quedarse. Ellos cumplieron la petición "entregándole todos los ahorros" y al poco tiempo se quedaron sin trabajo.
Relatan que en diciembre de 2022 reciben una orden de desahucio para Elisa y acuden al juzgado para manifestar que ella ya no vive allí. Según la pareja, les piden en ese momento que comparezcan para explicar lo sucedido y solicitan un abogado de oficio, que les asignan un mes después.
"Me dieron una semana para vaciar el piso y solo pude sacar la ropa y a mis gatos", lamenta Alexander, mientras las autoridades cambian la cerradura de la vivienda. "El juez no suspendió los plazos mientras yo estaba esperando la asignación de un abogado y no admite la información que aportamos".
"No aceptó recursos y siento que esto se tornó un tema personal", añade. Ahora, la pareja dice que piensan en dónde pasar la noche y Alexander confiesa que dormirán "en la calle" porque "no tengo otra alternativa habitacional, iré a la calle, pero quiero que alguien acepte a mis gatos y no sea una perrera".