La denuncia de afectados por un fondo buitre: "Nuestras casas no son un negocio"
Se concentran para evitar el archivo de la causa penal
Redacción
Afectados por la venta de unas 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión en 2013 y diversos colectivos sociales se han concentrado este martes en los juzgados de Plaza de Castilla contra el reciente cambio de criterio de la Fiscalía de Madrid en la causa al reclamar al juez de Instrucción número 48 de Madrid el archivo del proceso penal.
Bajo el lema 'Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella', los afectados han cargado contra la decisión del nuevo fiscal de la Sección de Delitos Económicos de pedir el sobreseimiento del procedimiento alegando que "la legislación permisiva existente constituyó el origen del conflicto generado con la enajenación de las promociones".
En 120 Minutos recogemos el testimonio de Montse González, una mujer que denuncia que un fondo buitre quiere echarla de su piso:
"El año pasado me mandaron una carta y me dijeron que se acababa el contrato y me tenía que ir, pero yo me resistí y gané la denuncia"
La causa tiene origen en una querella criminal presentada por miembros del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada contra la entonces directora del IVIMA, Ana Gomendio López de Asiain, y con Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid.
Acompañados por miembros de la plataforma Stop Desahucios y otros colectivos, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha subrayado que el nuevo fiscal del caso "tiene una línea conservadora" y en base a ella ha cambiado el criterio "en claro favor" hacia la Comunidad de Madrid".
Además, cree que la posición del Tribunal de Cuentas sobre la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) a un fondo similar en la época de Ana Botella podría trasladarse a esta operación. Recientemente, este tribunal condenó a Botella y a su equipo por esta venta. "Se trata de dos operaciones idénticas y equivalentes. Se vendieron viviendas a fondos en condiciones en las que se restó a los legales adjudicatarios sus derechos", ha apostillado.
La respuesta del fondo de inversión
Encasa Cibeles, filial de los fondos de inversión Azora y Goldman Sachs y objetivo de las protestas de los vecinos niega haber presionado a los inquilinos y defiende que la compra de estos inmuebles de titularidad autonómica fue por subasta y con concurrencia. Fuentes de este fondo de inversión señalan a Efe que la venta "se produjo por concurso competitivo de subasta pública con precio mínimo de salida y en el que no había criterios subjetivos de adjudicación" y añaden que este precio de salida, de 168 millones de euros, se fijó a partir de tasaciones independientes, incluida la del Banco de España.
