Unos 1.500 trabajadores de Nissan protestan en Madrid por cierre de fábricas
Unos 1.500 trabajadores de las plantas barcelonesas de Nissan, según la organización, se han manifestado en la mañana de este miércoles en Madrid, en el entorno de la zona de Atocha, rumbo al Congreso de los Diputados, donde entregaron un manifiesto a los grupos parlamentarios en contra del cierre de las fábricas de la compañía en Cataluña.
En 120 Minutos hemos hablado con los trabajadores para conocer su estado de ánimo. Ganas de plantar batalla y, también, mucha esperanza.
Bajo consignas como #FuturoParaNissanYa, los manifestantes, que han llegado en autobús desde distintos puntos de Barcelona, han comenzado su marcha en la Glorieta de Carlos V, para recorrer el Paseo del Prado antes de llegar a su última parada.
A tenor de las cifras que maneja la organización, unos 1.500 trabajadores de las plantas de la Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca se han desplazado hasta la capital para protestar contra los planes de Nissan de cerrar las fábricas a partir de diciembre de 2020.
La empresa insiste en justificar el cierre
La manifestación se produce un día después de que la dirección de Nissan Motor Ibérica explicara a los representantes de los trabajadores el informe que incluye la justificación técnica del cierre de la plantas industriales de Cataluña, en el transcurso de la segunda reunión de mediación convocada por la Generalitat.
Según informó la compañía, los técnicos que han elaborado el informe han expuesto que la situación financiera de pérdidas en la que se encuentra Nissan a nivel global ha llevado a la firma a optar por medidas de optimización, entre las cuales se encuentra el cierre de plantas para volver a la rentabilidad.
Los trabajadores acusan a Nissan de "dejar morir" Barcelona y anuncian lucha contra el cierre
En este sentido, Nissan insiste en que está dispuesta a hablar de todo en el marco de la mesa de consultas, incluyendo tiempo y calendario, pero que el diálogo debe producirse dentro de este proceso, que es el marco legal existente y que da "seguridad jurídica" tanto a la empresa como a sus trabajadores.
Sin embargo, los sindicatos, que insisten en retirar un ERE que supondría 2.525 despidos, para poder "hablar con calma de lo que quiera", consideran que se encuentran en un "punto muerto" a la espera de lo que suceda en la reunión del próximo martes.
