Así ha sido el tenso desalojo de 300 okupas en una urbanización de Alcobendas

Desde primerísima hora de la mañana de este viernes se ha producido el desalojo de todo un bloque de edificios okupado en Alcobendas. Más de sesenta familias han tenido que abandonar las viviendas que habitaban desde 2009. Alrededor de la diez de la mañana ya habían abandonado todas ellas el inmueble sin mayores problemas salvo por la tensión vivida.

Una polémica urbanización de cuatro bloques a la que en 2019 se le cortó el suministro eléctrico por los cultivos de marihuana que tenían algunos okupas.

Ha sido a la cuarta ocasión, cuando se ha podido desalojar a estos okupas, ya que los tres intentos anteriores, desde 2009, no fueron efectivos. Hace seis meses se les avisó a las familias que este 2 de junio iba a tener lugar el desalojo.

Se han vivido algunos momentos de tensión, debido a la presencia de algunos encapuchados, que fueron desalojados por los agentes, y por las crisis de ansiedad que han sufrido varias de las personas afectadas por el desalojo.

Un espectacular despliegue policial, con 250 agentes de Policía Nacional y Policía Local de Alcobendas, ha acordonado la calle Francisco Largo Caballero desde la madrugada. También ha actuado la unidad de antidisturbios, de extranjería, científica, judicial y el equipo de vigilancia aérea, que dispone de drones y de un helicóptero.

Además, SUMMA112 y Protección Civil habían instalado varios hospitales de campaña por si fuese necesario su servicio, dado que se han producido algunos desmayos por la tensión vivida.

Más de sesenta familias, en las que hay unos 180 niños, han abandonado las viviendas sin mayores incidentes. "A las cuatro de la mañana ya estaban aquí los agentes", comenta por teléfono Luisa, una de las afectadas. "Los antidisturbios entraron de mala manera, con empujones. Nos han tratado como a perros", dice entre sollozos.

Para agilizar los desalojos se habían cortado al tráfico dos manzanas. A partir de ahora, un retén policial se mantendrá operativo de manera preventiva para acompañar a la vigilancia privada contratada para evitar nuevas okupaciones.

Según fuentes municipales y los propios vecinos que ocupaban el inmueble, entre los habitantes del mismo había unos 180 menores; los vecinos, unos 300 en total, han explicado que todos los pisos estaban habitados puesto que en cuanto uno quedaba vacío era inmediatamente okupado.

Los vecinos desalojados se han quejado a Efe de la "violencia policial" con la que se ha producido el desahucio, ya que dicen que los agentes han entrado "por la fuerza" rompiendo puertas y que les han tratado "como a perros".

José Manuel Barroso, abogado de muchas de las familias afectadas, ha explicado a Efe que el edificio estaba vacío cuando los inquilinos lo okuparon, y que muchos han tratado de encontrar una alternativa habitacional.

También recrimina que el desalojo ha ido "terrorífico, un despropósito, con mucha tensión y en un ambiente de vulneración de derechos", y que él mismo "ha sentido miedo de que le pegaran" los agentes, que no han entregado la orden de desalojo y que han acudido sin la comisión judicial.

Ahora, "se quedan en la calle, en situación de indefensión y vulneración social", pese a que hay alrededor de 180 niños y algunos adultos con discapacidad y enfermos de cáncer.

"A dormir en el coche"

Algunos de los vecinos desalojados han expresado su tristeza por tener que abandonar los pisos, que aseguran que quieren pagar pero que no pueden por el alto precio que se les pide, por lo que muchos esta noche "dormirán en el coche, en cajeros o en la calle", según han trasladado a Efe.

Los afectados denuncian especialmente que el desahucio ha sido "violento y brusco", que los agentes les han tratado "como si fueran animales" y que han roto muchas de las puertas, por lo que ahora temen que haya robos de su pertenencias, porque no se les permite volver a entrar.

Paula es una de las afectadas, que asegura que solamente le había llegado una notificación policial, el 29 de mayo, en el que "no ponía la fecha en que les iban a echar", por lo que consideran que el lanzamiento es "ilegal".

Ahora "toca buscarse la vida", añade la joven, que es una de las que ha salido sin ninguno de sus bienes, por lo que cree que esta noche "le tocará dormir en un cajero", y que o el Ayuntamiento le paga la ropa o se tendrá que "ir a robar".

Raúl es otro de los inquilinos, que denuncia que lleva más de diez años buscando un alquiler por la zona, pero los precios rondan los 900 euros y, aunque muchos trabajan, "viven en la pobreza" y no pueden asumir todos los gastos. Por eso, piden "alquileres sociales" acorde a sus rentas.

Los okupas tienen seis días de plazo para llevarse los enseres de las viviendas. Los vecinos de la zona confían en que a partir de ahora mejore la seguridad y la limpieza en su barrio.

Dos detenidos por órdenes de ingreso en prisión

La Policía Nacional ha detenido en el desalojo a un hombre de 47 años y a una mujer de 45 que tenían sendas órdenes de arresto e ingreso en prisión, en el primer caso por quebrantamiento de una orden de alejamiento por malos tratos y en el segundo, por una condena por tráfico de drogas.

Los dos detenidos, de nacionalidad española, no mantienen vínculos matrimoniales o familiares entre sí y se encuentran en estos momentos en dependencias policiales, han informado a EFE fuentes del Cuerpo.

Alcobendas ofrece "ayuda de emergencia" a los desalojados

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Alcobendas han atendido por el momento a veinticuatro de las familias okupas que han sido desalojadas esta mañana de los pisos de la calle Francisco Largo Caballero y que podrán acceder a "ayudas de emergencia social", en un despliegue policial que ha dejado en la calle a alrededor de trescientas personas, entre las que hay unos 180 menores.

El Consistorio asegura que algunos de los afectados ya habían acudido al área de servicios sociales, mientras otros lo han hecho esta mañana tras el lanzamiento, y que “a todos se les ha atendido”.

Lo que se les ofrece son las "ayudas de emergencia social" que tiene el Ayuntamiento de Alcobendas a disposición de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y que prevén “una ayuda individualizada y acorde a su situación sociofamiliar”, de forma que las respuestas que se den se adaptarán a cada caso.

Además, en este escenario se tendrá en cuenta la información de la que ya disponía el departamento de Servicios Sociales de las familias empadronadas en el inmueble, y con las que ya se había realizado algún tipo de intervención.

El portavoz del Gobierno, Ángel Sanguino, ha detallado en declaraciones a EFE que el Ayuntamiento no tiene posibilidad de darles una alternativa habitacional, sino que se centrará en dar apoyo para la manutención y asistencia a menores.

Pero en ningún caso podrán ofrecerle una vivienda, ha apostillado, matizando que “la alternativa habitacional no se da cuando no es una situación de legalidad”.

Igualmente ha explicado que el número de familias que han pedido o necesitarán ayuda será menor que la del número de pisos okupados, porque algunas de ellas ya se han marchado de la localidad.