Algunos colegios de Cataluña comienzan a plantearse la opción de no cumplir la orden de la Generalitat de eliminar el castellano de las aulas, aunque prefieren mantener el anonimato para evitar represalias del Govern Catalán.
"Creemos que esto evidencia la presión del Conseller sobre los centros para cometer una ilegalidad, y no todos los directores están dispuestos a sufrir una inhabilitación a la que se podrían enfrentar por vía penal", ha señalado Ana Losada, presidenta de la Asamblea de Escuela Bilingüe.
Los centros que no están cumpliendo esta orden están manteniendo las cuotas de castellano que ya tenían por falta de garantías jurídicas. Son conscientes de las consecuencias, pues lo que les está pidiendo el ejecutivo catalán es incumplir unas sentencias firmes.
Ante esta situación, se sienten desprotegidos y piden a la Generalitat instrucciones más precisas antes de dejar de aplicar los porcentajes fijados en los tribunales.