La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido este lunes de que los datos sobre protección internacional que se ofrecen desde los estamentos oficiales "no son reales" ya que en estos no se incluye que entre 70.000 y 80.000 refugiados no acceden al sistema esperando una cita para pedir protección en el país. En este sentido, han denunciado que el tiempo medio de espera para formalizar este proceso, que por ley debe ser de entre 3 y 6 días, no baja de los seis meses.
En rueda de prensa, la directora general de la entidad, Estrella Galán, ha explicado las "luces y sombras" que ha protagonizado España en esta materia, acogiendo a los desplazados por la guerra en Ucrania o reasentando a los sirios afectados por el terremoto de Turquía "con agilidad sorprendente" y con un sistema de "calidad extraordinario"; mientras protagoniza también tragedias en su frontera sur como el salto a la valla ocurrido el 24 de junio de 2022, en donde se contabilizaron unas 40 muertes de migrantes y 77 personas desaparecidas, "que siguen sin verdad, reparación y justicia", según ha denunciado Galán.
A su juicio, es necesario que alguien "asuma la responsabilidad" de este episodio ya que, según ha apuntado, esta situación es "algo inaceptable en un Estado de derecho y democrático" como España. Galán ha criticado, también, que aunque la concesión de protección en el país haya aumentado tres puntos porcentuales en 2022, con respecto a 2021, hasta alcanzar el 16,4% de las solicitudes, este porcentaje es muy inferior a los que manejas con otros países del entorno de España. La media de reconocimiento en la UE en este sentido es de un 38,5%.
En este sentido, ha precisado que son 118.000 las personas que han solicitado asilo en el país el año pasado, pero para la directora general de CEAR esta cifra debería ser superior, ya que no cuenta con las personas que no pueden acceder a la administración para pedir protección porque están a la espera de conseguir su cita. De este modo, esas 118.000 podrían alcanzar, según Galán, las 200.000.
PERSONAS "EN UN LIMBO"
La coordinadora del área jurídica de CEAR, Elena Muñoz, ha lamentado la situación de estos refugiados que, mientras esperan acceder a una cita en la Oficina de Asilo y Refugio quedan "en un limbo" en cuanto a derechos a servicios básicos y "expuestas" a ser "devueltas o expulsadas".
Muñoz ha señalado, en este sentido, el derecho a la información del solicitante desde el primer contacto con las autoridades del país. En este sentido, lamenta que en la frontera sur del país, en donde es posible solicitar asilo en frontera, no se haya contabilizado ninguna petición en la valla de Ceuta en 2022, mientras que en la de Melilla
Mientras, ha explicado que las peticiones en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han "duplicado". La experta ha criticado, en este caso, que el Gobierno decidiera reabrir estos centros tras la pandemia, cuando se mantuvieron cerrados, y "no pasó nada".
Entre las carencias que tiene el país en esta materia, Muñoz también ha señalado la falta de desarrollo del reglamento de la ley de asilo para que exista un mecanismo sistemático y estable de detección de necesidades o de personas vulnerables y que "pueda existir una tramitación a adaptada" a cada situación.