El Gobierno remitirá a Bruselas esta semana el Programa de Estabilidad 2022-2025 que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones para PIB en 2022 en un contexto de elevada incertidumbre ante el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios.
El programa debe ser remitido a Bruselas antes del 30 de abril, por lo que la intención del Ejecutivo es que reciba el visto bueno por parte del Consejo de Ministros este martes, según han trasladado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó recientemente que habrá una revisión a la baja de la previsión de crecimiento del PIB para este año por el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española, aunque insistió en que el crecimiento seguirá siendo "robusto".
En un contexto marcado ahora por el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios, todos organismos nacionales e internacionales han rebajado sus previsiones de crecimiento para España y han elevado las estimaciones para la inflación.
En el territorio nacional, el Banco de España recortó su previsión de crecimiento de la economía española en 2022 al 4,5% y elevó la inflación media al 7,5%, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó al 4,3% sus estimaciones para el PIB en 2022 y situó en el 6,2% la inflación.
A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó en un punto sus estimaciones, aunque las perspectivas de crecimiento para España (4,8%) las situó por encima del resto de grandes economías del euro.
Con este panorama de incertidumbre, el Ejecutivo ha preferido no realizar constantes revisiones sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de otros parámetros macroeconómicos y ha decidido ceñirse a lo establecido. Y es que sólo debe lanzar previsiones dos veces al año, en abril para hacer el Plan de Estabilidad que remiten a Bruselas y en otoño, para hacer el plan presupuestario.
Por ello, aún se mantienen las previsiones de septiembre del año pasado realizadas para la actualización del cuadro macroeconómico que acompañó a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que estimaban un crecimiento para el PIB del 7% este año o que el deflactor del PIB se situarse en el 1,5%.
En cuanto a las estimaciones sobre la tasa de paro, el Ejecutivo previó en septiembre que se irá reduciendo hasta una media del 14,1% en 2022, senda descendente que continuará en los años siguientes y en un contexto en el que también se están registrando cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, que ya supera las 20 millones de personas, según el avance de los datos del mes de abril anunciados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En cuanto al déficit, el Ejecutivo recogía en el plan presupuestario que bajaría al 5% en 2022 y la reducción continuará en 2023 y 2024, ejercicios en los que caerá hasta el 4% y el 3,2%, respectivamente. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, remarcó recientemente que el Gobierno está "en condiciones" de cumplir con su objetivo de reducir el déficit público al 5% del PIB este año, pese a las medias contenidas en el plan de choque para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
Esta mejora del déficit público también tendrá su reflejo en los datos de deuda y las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a que bajaría el próximo año del 119,5% al 115,1%.
Aunque el shock causado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha golpeado a la economía, el Ejecutivo mantiene su voluntad de que el Plan de Recuperación alcance una "velocidad crucero" en su despliegue, para lo que ha previsto movilizar durante el primer semestre del año convocatorias por 24.000 millones de euros.
Para ello, el Gobierno ya ha anunciado que prevé solicitar en las próximas semanas la solicitud de pago vinculado a los fondos europeos 'Next Generation EU' correspondiente al segundo semestre del año, que supone el desembolso más elevado de recursos, 12.000 millones de euros, ligados al cumplimiento de algunos de los hitos de mayor trascendencia del Plan de Recuperación, como es la aprobación de la reforma laboral.