Ya son tres las decisiones del Tribunal Constitucional que tumban disposiciones previstas por el gobierno de Pedro Sánchez en esta Legislatura.
El primero, con la anulación de los dos estados de alarma decretados por el gobierno en la pandemia y el segundo con el cierre del Congreso de los Diputados, que también fue considerado ilegal por el alto tribunal. La resolución que frena su reforma judicial sin debate es el tercero.
La decisión adoptada por el Constitucional, sin embargo, no es la primera en la que el alto tribunal interviene ante la actividad de un Parlamento. En Cataluña, los magistrados han actuado varias veces para frenar iniciativas del Parlamento de Cataluña que inclumplían los preceptos constitucionales.
Ya en 2016 frenó un debate sobre el 'procés' soberanista. Posteriormente ha vetado varias resoluciones parlamentarias contra la monarquía e incluso impidió a la cámara autonómica investir como presidente de la Generalitat a un Carles Puigdemont huido de la Justicia.