La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) sopesa el archivo de las diligencias de investigación en torno al rey emérito y la finalización de las pesquisas. Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.
Según avanzaba este miércoles El Confidencial, y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, el equipo de fiscales, al frente del cual está el teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, --que cuenta con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón-- tomará una decisión en pocas semanas sobre la situación procesal del monarca.
Ante esta encrucijada, y después de que las pesquisas se hayan extendido durante más de un año, las fuentes consultadas señalan que es momento de tomar una decisión, es decir, es hora bien de presentar una querella ante el Supremo --Juan Carlos I es persona aforada-- o bien de archivar estas diligencias previas y emitir un decreto desde el Ministerio Público anunciando que decae la investigación.
LAS REGULARIZACIONES FISCALES
En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
Las fuentes consultadas indican que pasado el tiempo es momento de adoptar una decisión definitiva y que por tanto se espera que en este mes de octubre se conozca un decreto de la Fiscalía del Supremo que incluya la propuesta fundamentando el archivo. Sin embargo, otras fuentes fiscales indican que por el momento el equipo de Campo sigue trabajando en la investigación a Juan Carlos I con "rigor, eficiencia y exhaustividad".
LAS PRORROGAS
Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.
Apuntan además que los tiempos para una investigación son difíciles de predecir, máxime cuando se trata de una investigación compleja como esta que cuenta con derivadas internacionales. Añaden que a pesar de que las diligencias tienen plazos, si estas no han terminado y resulta necesario seguir, se prorrogan con carácter general.
