El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de protección animal, que contempla prohibir el sacrificio y maltrato de animales y su venta y exposición en tiendas y que exigirá a los nuevos dueños de mascotas haber superado una formación en tenencia responsable, entre otras medidas.
Se trata de la primera ley en la historia de España que regula la protección de los animales, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha destacado “el maltrato, el abandono y el sacrificio” como las “tres lacras” que vulneran los derechos de estos seres vivos y en las que se centra la futura norma.
Algunas de las medidas que las agrupaciones animalistas han resaltado del texto incluyen la formación que, una vez la ley entre en vigor, será obligatoria para todo el que quiera convivir con un animal, así como el fin de la comercialización y exposición de animales en tiendas de mascotas, y la limitación de la cría, que sólo podrán llevar a cabo criadores profesionales autorizados.
Se prohíbe además el sacrificio de animales, salvo la eutanasia "justificada bajo criterio y control veterinario con el fin único de evitar su sufrimiento", así como el abandono, el maltrato -definido como "toda acción mediante la cual se inflige dolor o sufrimiento a un animal"- y su uso en peleas y en actividades artísticas, turísticas, publicitarias o de mendicidad.
Con la futura ley de protección animal quedará también prohibida la participación de animales en belenes, cabalgatas y procesiones y será regulada en otros actos culturales, como romerías y ferias.
El texto fija diferentes niveles de sanción en caso de infracciones: para las leves, la multa podrá ser de entre 600 y 30.000 euros; para las graves, entre 30.001 y 100.000 euros; y, para las muy graves, entre 100.001 y 600.000 euros.
Esta ley excluirá los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril. En paralelo a la norma que hoy recibe luz verde, Belarra ha anunciado una reforma del Código Penal impulsada por la Dirección General de Protección Animal para endurecer las penas por maltrato a 24 meses de prisión con resultado de muerte y a 18 meses si implica atención veterinaria.