Malestar contra Sánchez en el CNI y el Supremo por diluir su responsabilidad en el espionaje
- Sánchez sostenía ayer en Congreso que “el Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los Servicios de Inteligencia”, “sometidas a quien tiene la decisión final que es la autoridad judicial”
Malestar en el Centro Nacional de Inteligencia y en el Tribunal Supremo por las afirmaciones realizadas ayer en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las que descargó la responsabilidad del espionaje en estas dos instituciones, faltando así a la realidad.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró este jueves ante el Pleno del Congreso que “el Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los Servicios de Inteligencia” y afirmó que estas “siempre” están “sometidas a quien tiene la decisión final que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto”.
Así lo aclaró en su comparecencia, solicitada por varios grupos parlamentarios, por el ‘caso Pegasus’, en la que insistió que el Gobierno actúa con “transparencia” y de ahí las “líneas de actuación” puestas en marcha tras conocerse este caso.
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Si bien, tras reconocer que, "en un país democrático, como es España, la Presidencia del el Gobierno recibe informes que atañen a la Seguridad Nacional", apuntó que “el Gobierno marca las prioridades en materia de riesgos para la Seguridad Nacional, en su Directiva de Inteligencia” pero que “ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los Servicios de Inteligencia”.
“Eso ha podido pasar en otro tiempo y con otro Gobierno, pero jamás ha pasado con este Gobierno, desde que soy presidente, y les garantizó que no pasará. Porque esa es la esencia de la democracia y de la limitación del poder Ejecutivo y de su sometimiento a la más estricta legalidad”, aseveró.
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Unas palabras que han causado gran malestar en el CNI y en el ámbito judicial, según ha podido constatar Telemadrid.
El Centro Nacional de Inteligencia tiene que informar obligatoriamente a los presidentes del Gobierno, sobre sus actuaciones.
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En el Tribunal Supremo aclaran que los jueces no deciden a quién se debe realizar un seguimiento, sino que deciden sobre su legalidad.
