EH Bildu ha propuesto a su militancia que sus diputados en el Congreso apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha convocado asamblea extraordinaria para el próximo jueves para ratificar o no esta decisión, que ha desvinculado del acercamiento de los presos de ETA.
Tras asegurar que su pretensión es "defender los derechos de la gente" y evitar que "la derechona gobierne". En rueda de prensa calebrada tras la reunión de la mesa política de la coalición celebrada este lunes en San Sebastián, su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha recordado que EH Bildu forma parte "del bloque que expulsó al PP del Gobierno de España" y ahora "hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad" para la "democratización" del Estado, "si fuera posible", y porque así se para "a la derecha" y se logran "derechos para la gente".
El secretario de Organización del PSOE, José Luís Abalos, considera que Bildu ha entendido la "gravedad" de la crisis en la que está inmerso el país y ha lamentado, en clara referencia al PP, que "otros" partidos no hagan lo mismo.
Abalos ha anunciado que va a comenzar esta semana a negociar con Unidas Podemos, la posibilidad de ampliar la prohibición de los desahucios más allá del 31 de enero de 2021, aunque ha matizado que la vía para regular esta cuestión no es la de las enmiendas a las cuentas públicas, después de que la formación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presentara por su cuenta una enmienda a los Presupuestos para ampliar esa prohibición de los desahucios hasta 2023, generando gran malestar entre los socialistas. "Dentro del Gobierno hay ámbito y posibilidades para llegar a acuerdos", ha afirmado.
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron conjuntamente el martes pasado dos enmiendas similares al proyecto de Presupuestos, numeradas como 3.788 y 3.789, y, en caso de ser aprobadas en el trámite parlamentario, incorporarían sendas disposiciones finales a los Presupuestos. La primera modificaría la Ley de 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
El artículo 1 de esa norma establecería que "hasta transcurridos 11 años desde la entrada en vigor de esta ley no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica, la vivienda habitual de personas que no tengan alternativa habitacional". La motivación de la enmienda ratifica esa extensión de la prohibición "hasta el 15 de mayo de 2024".
La otra enmienda modificaría el decreto del 31 de marzo pasado, de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social para hacer frente al Covid-19, el que prohibió inicialmente los desahucios y cortes de suministros. Lo modifica para prolongar “hasta el 31 de marzo de 2022” la suspensión de “cualquier resolución judicial firme del procedimiento del desahucio” si es por impago de renta o el inquilino no tiene alternativa habitacional, y la garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua”.