La empresa Dvuelta --una de las recurrentes junto al Grupo Municipal Popular y la Comunidad-- sostiene que la sentencia que anula Madrid Central "hace prevalecer el interés general y la legalidad" y abre la puerta "a la posible anulación de miles de multas".
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulan por "defectos formales" la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en la pasada legislatura por la omisión del trámite de información pública y por la falta de memoria económica.
La sentencia, que todavía no es firme y contra la que cabe recurso de casación, no entra en el fondo del asunto.
Ecologistas en Acción, personados en el proceso, ya ha anunciado que recurrirán porque se han encontrado defectos de forma "cuestionables" dado que la memoria económica sí "estaba incluida en otro documento (la memoria de impacto normativo) y a lo largo del proceso hubo varios periodos de información pública".
Desde Dvuelta han apuntado en un comunicado que la sentencia tiene efectos retroactivos y, por tanto, "una vez adquiera firmeza, todas las sanciones impuestas al amparo de Madrid Central deberán ser anuladas". Para recuperar el dinero abonado por las multas sería necesario que el interesado interpusiera el correspondiente recurso ante el Ayuntamiento de Madrid.
La sentencia anula varios preceptos de la ordenanza de Movilidad Sostenible, entre ellos, el artículo 23, que delimita el perímetro de Madrid Central, establece los criterios de acceso a esta zona, el control de acceso, y la potestad para imponer sanciones a los conductores que no cumplan con estas normas.
El Ayuntamiento dispone de un margen de varios meses para acatar la sentencia. Los plazos van a depender de que se interponga o no recurso de casación. Hasta que no sea firme, el Ayuntamiento puede seguir aplicando la ordenanza.
El proyecto del anterior Consistorio de Manuela Carmena para limitar el tráfico en el centro de la capital entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue enseguida recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid, que pidieron incluso a la Justicia madrileña paralizar cautelarmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
El consejero madrileño de Transportes y expresidente del Gobierno regional de 2018 a 2019, Ángel Garrido bajo cuyo Gobierno se recurrió la disposición, ha afirmado que "la justicia finalmente ha dado la razón" a la Comunidad de Madrid, porque para establecer este tipo de medidas hay que "consultar a vecinos, comerciantes, a los ayuntamientos y a la Comunidad para ponerlas en marcha".
En la misma línea, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Paloma Martín, ha opinado que "aunque es recomendable establecer una zona de bajas emisiones como marca la Unión Europea, hay que hacerlo en base a criterios técnicos y medioambietales, así como de impacto económico", criterios que, a su juicio, no se incluían en el proyecto que diseñó la anterior Corporación municipal de la capital.
En nombre del PSOE, su responsable de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, ha pedido al actual equipo de Gobierno de la capital (PP-Cs) que presenten un recurso de casación que impida la suspensión de cautelar de Madrid Central porque su "obligación" es proteger la salud de los madrileños.
En la misma línea, Más Madrid pide a Almeida que recurra la anulación de Madrid Central. Lo pedía Rita Maestre "si hay algo que subsanar, subsanarlo formalmente para proteger el bien fundamental, que no es la ordenanza, que no es la regulación de Madrid Central, es la salud de los madrileños".
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid ha acusado al PP de no importarle la salud de los madrileños, solo el rédito electoral de la batalla por la calidad del aire. Su portavoz de Medio Ambiente, Javier Cañadas, ha lamentado que el PP lanzara en campaña electoral "una guerra absurda y vergonzosa contra Madrid central".
