La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la concesión por parte del Institut Català de Finances (ICF) del aval a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por la promoción exterior del "procés".
En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir una investigación a raíz de una denuncia de Cs por un delito de malversación, si bien la remite a la Fiscalía de Barcelona para que practique las actuaciones procedentes para aclarar la intervención de los miembros de la Junta de Gobierno del ICF, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene una denuncia contra el Govern por el mismo tema.
En concreto, respecto de los miembros del Govern contra quienes también se dirigía la denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía Superior la archiva porque el Tribunal Superior catalán, órgano judicial ante el que deben responder los aforados, ya tiene otra denuncia contra el presidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por estos mismos hechos.
El conseller de Economía, Jaume Giró, ha defendido este miércoles que el decreto de la Generalitat que permite al Institut Català de Finances (ICF) avalar las fianzas de los ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas "es impecable jurídicamente" y "será muy difícil que alguien diga lo contrario". Dicho decreto "tiene una solidez jurídica total y absoluta".
La junta de gobierno del ICF acordó dividida avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas: el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo en la votación, los tres consejeros dominicales -nombrados por la Generalitat- votaron a favor de la operación y otros tres independientes lo hicieron en contra. El empate a tres en la votación lo deshizo Albert Castellanos con su voto de calidad como presidente de la junta de gobierno del ICF.
Se da la circunstancia, además de que otros tres miembros independientes de la junta, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado este miércoles que la Abogacía del Estado elaborará "cuanto antes" el informe que le ha solicitado el Tribunal de Cuentas para determinar si el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) puede avalar la fianza de 5,4 millones de euros exigida a 34 ex altos cargos de la Generalitat por los gastos para las denominadas 'embajadas' catalanas en el exterior.