El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha calificado de "ilegal" el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así "no merece reproche penal", y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.
Lo que sí ha admitido Sànchez es que sabía que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dado órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no permitieran la celebración de la consulta. En este sentido ha diferenciado entre lo que pedía la Fiscalía sobre el cierre de los colegios durante todo el fin de semana para evitar que se utilizasen como centros electorales y la decisión de la magistrada que, a su juicio, "dio un giro de 180 grados", ya que únicamente ordenó la prohibición de organizar un referéndum pero no la realización de otras actividades.
Asimismo, Sànchez ha reconocido que entregó a ciudadanos catalanes papeletas del referéndum al igual que instó a imprimirlas para que "pudieron ejercer su derecho democrático". Lo que sí ha negado es que la ANC escondiese urnas.
Jordi Sánchez, ha reconocido, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que llamó mediante una intervención radiofónica y la red social Twitter a la movilización frente a la Consejería de Economía de Cataluña, que estaba siendo registrada por orden judicial desde primeras horas del 20 de septiembre de 2017. Ante la pregunta de si lo hizo por considerar dicha orden una ataque a las instituciones catalanas, Sánchez ha manifestado que convocó "sólo para protestar" por la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 13 de Barcelona.
Sánchez, para quien el Ministerio Público reclama 17 años de prisión por un delito de rebelión, ha destacado la relevancia de este aspecto de lo ocurrido "porque hoy es imposible juzgar los hechos sin tener en cuenta el entorno y consideraciones sociales y políticas que existían", esos días en Cataluña.
Sobre el hecho de que la secretaria judicial que participaba en el registro del edificio tuviera que salir por la azotea para pasar a un inmueble contiguo, el acusado ha reconocido que esta situación no le parece "normal", pero que fue ella la que "declinó la salida porque tendría la percepción de que no era seguro".
"Si sabía que había vehículos dañados, que la comitiva judicial no podía ni entrar ni salir, ¿por qué no cogió un megáfono y disolvió la concentración?", ha preguntado el fiscal. Sànchez ha afirmado que "aunque lo hubiese querido" no se veía capaz de desmovilizar a "miles de personas" con un megáfono.
Forcadell y Cuixart declaran el martes 26 y se retrasa la testifical de Rajoy
El presidente del tribunal del "procés", Manuel Marchena, ha interrumpido los interrogatorios hasta el martes 26 de febrero, cuando declararán la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lo que retrasará la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo.
El tribunal había citado a los primeros testigos para el próximo martes con la previsión de que hoy terminasen los interrogatorios a los acusados, pero ha tenido que alterar el plan previsto ante la duración de los mismos, alrededor de 5 horas en el caso del de Jordi Sànchez.
Por eso, Marchena ha anunciado que las sesiones se retomarán el martes 26 de febrero a las 9.30 horas con los dos interrogatorios que restan.
Ese día estaba previsto que testificasen, por este orden, el diputado de ERC Joan Tardà; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresident de la Generalitat Artur Mas; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech.
También había citaciones para el miércoles y el jueves, con testigos como Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro o Íñigo Urkullu.
