La decisión de Pedro Sánchez de llevar a los martes los consejos de ministros ha abierto un frente político en el Congreso por cuanto los grupos de la oposición la han interpretado como un intento de "opacar" y "acallar" a la Cámara, y por esta razón, han abogado por cambiar la agenda y la dinámica parlamentarias.
El PP y Cs han sido los que más énfasis han puesto en denunciar las injerencias que, según han afirmado sus portavoces este miércoles, supone el traslado al martes de los consejos de ministros, tradicionalmente los viernes. La semana que viene se materializará la nueva fecha.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha destacado en declaraciones a los medios que la decisión de Sánchez tendría que haber venido avalada por el Congreso previa consulta del Gobierno a los grupos parlamentarios, de ahí que haya lamentado su "unilateralidad".
El funcionamiento del poder ejecutivo y el del poder legislativo deben ajustarse a unos "estándares de calidad democrática", y para Bal, abogado del Estado, dicha premisa no se cumple si los consejos de ministros se ponen los martes y se distorsiona la sesión de control al Gobierno de los miércoles.
Cuándo organizarán la Mesa y la Junta de Portavoces las sesiones plenarias, hasta cuándo podrán los grupos presentar sus preguntas para el control al Ejecutivo e incluso el funcionamiento y finalidad de las comisiones quedan en entredicho tras la decisión de Sánchez, en opinión de Bal.
La portavoz del PP en la Cámara, Cayetana Álvarez de Toledo, tras afirmar que el plan de Sánchez busca "opacar las labores de control" del Congreso al Gobierno, ha concretado los detalles del modelo que los populares han expuesto en la reunión de la Junta de Portavoces. Su propuesta, de aprobarse, alteraría ostensiblemente la agenda semanal.
Actualmente, la Mesa y la propia Junta se reúnen los martes para perfilar los órdenes del día de cada pleno, y las proposiciones de ley de los grupos, así como las proposiciones no de ley, se debaten y se votan en el hemiciclo por la tarde.
Sigue la semana de pleno, los miércoles, con la sesión de control, mientras que las comisiones se encuadran en la franja de la tarde; los jueves se dedican a los proyectos de ley del Gobierno.
El PP quiere que la Mesa y la Junta se reúnan los lunes, que tanto este día como los martes se destinen a las comisiones, que los miércoles por la mañana los ocupen los proyectos del Gobierno, que las sesiones de control sean por las tardes y que el jueves se enmarquen las iniciativas de los grupos parlamentarios.
A la exposición de la agenda por la que abogan los populares han sucedido los reproches de Cs contra los consejos de ministros de los martes, y más adelante la contrariedad de Vox, según han señalado a Efe fuentes presentes en la reunión de la Junta.
Fuentes parlamentarias consultadas por Efe han destacado que la idea de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es seguir hablando sobre la posibilidad de cambiar la agenda semanal, la planificación e incluso los plazos tasados para algunos trámites, por ejemplo para el registro de las preguntas que la oposición hace al Gobierno.
Las fuentes puntualizan que no hay ninguna decisión tomada, pero recalcan que tanto la agenda como la dinámica semanales que se vienen siguiendo desde hace años en la Cámara Baja no quedan "a priori" afectadas por la nueva fecha de los consejos de ministros.
El portavoz del grupo socialista, Rafael Simancas, ha subrayado su disposición a "atender las propuestas concretas" sobre una nueva agenda y otro modo de funcionar, aunque a su juicio "no hay afección alguna al protagonismo" de la Cámara en la decisión de cuadrar los consejos de ministros en los martes.
Asimismo, los acatamientos que emplearon los diputados de grupos independentistas en la sesión constitutiva, el pasado 3 de diciembre, han vuelto a suscitar debate entre PSOE y Unidas Podemos, por un lado, y PP, Vox y Cs, por otro. Batet las dio por válidas de acuerdo con la jurisprudencia asentada por el Tribunal Constitucional. En la Mesa, el acuerdo ha consistido en esperar a un informe de los letrados para que la decisión sea definitiva. Si se dan por buenos tales acatamientos, tanto PP y Vox como Cs trasladarán el asunto al Constitucional.