El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha presentado este miércoles un "plan de rescate", con la "misma ambición" del expresidente Felipe González, para devolver la "calidad" a la sanidad tras el "caos" originado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una convocatoria urgente de contratación; aumentar la inversión sanitaria en Atención Primaria tiene que pasar al 15%, frente al 11,5% actual; y la elaboración de un libro blanco de Atención Primaria en la Comisión de Sanidad antes de finales de 2023 son algunos de los diez puntos que enmarcan esta propuestas que han presentado los socialistas en la Asamblea de Madrid.
“En España hay una sanidad pública y universal gracias al PSOE que en los años ochenta hizo que el país avanzara en un sistema de máxima calidad”, ha remarcado el candidato socialista a la Puerta del Sol, quien aspira a conformar un gobierno “alternativo” con la misma “vocación” que la de Felipe González.
Este plan -elaborado con médicos y representantes políticos de la sanidad- recoge un total de diez puntos que inciden en tomar “decisiones en corto plazo”, con vista a marzo de 2023, para que se “tomen medidas con los cambios profundos que van a necesitar que produzca un cambio de gobierno”.
Lobato ha destacado, en primer lugar, la suspensión del plan de reorganización de las urgencias extrahospitalarias del Gobierno regional, elaborado de forma "unilateral", y, además, ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su "incapacidad" para llegar a acuerdos con los sindicatos.
Antes del que acabe el 2023, los socialistas proponen un proceso de descentralización de la Atención Primaria; en la actualidad, 13.000 sanitarios, de los que 5.200 son médicos, dependen de un solo centro de gestión, "lo que bloquea y frena la toma de decisiones adaptadas a cada punto del territorio".
El secretario general del PSOE-M ha remarcado la necesidad de aumentar el número de médicos y enfermeros, junto a la creación de mesa técnica de expertos independientes que asesore al gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid en la puesta en marcha y seguimiento de este plan hasta finales de 2023.