El G-7 y Australia se unen a la decisión de la UE de aplicar un tope de 60 dólares al barril de crudo ruso. Pretenden evitar, así, que Rusia se beneficie de su guerra a Ucrania. Mientras, la ONU denuncia que Moscú dificulta su labor de investigar crímenes de guerra al impedirles acceder a los territorios ocupados por Rusia.
La misión de Naciones Unidas investiga si los ataques contra las infraestructuras energéticas, que han dejado sin calefacción a millones de personas, se pueden considerar crímenes de guerra. Putin ha justificado la ofensiva asegurando que son consecuencia de “las provocaciones de Kiev”. La misión denuncia que Moscú les impide acceder a territorios ocupados. El tope de 60 euros al precio del barril ruso, propuesto por la UE y al que se han unido los siete países más industrializados y Australia, aunque no China ni la India, supone un golpe más sobre la principal fuente de divisas del régimen de Putin. Según el ministro de Exteriores británico, Cleverly, Moscú podría usar un eventual alto el fuego para rearmar a su ejército. El presidente de EEUU, Biden, ha dejado la puerta abierta a hablar con Putin, tal y como dijo esta semana tras reunirse con el presidente francés Macron. La guerra sigue atascada en la región de Donestk, sin avances significativos ni de unos ni de otros. Las ciudades son bombardeadas sin descanso, en este caso por la artillería ucraniana. “No hay objetivos militares que justifiquen el ataque”, dice el gobernador pro ruso Pabel Guraveb. En las últimas horas ha sido bombardeado por Rusia un edificio residencial de Jarkov. El Gobierno ucraniano estima que los casos de amenazas contra misiones diplomáticas de 12 países en los últimos días son actos de terrorismo e intimidación. Además del envío de sobres explosivos en España, hay casos de envíos de paquetes conteniendo ojos de animales en delegaciones de, al menos, nueve países.
