Objetivo: fomentar la integración laboral de personas con discapacidad
- En España solo 1 de cada 4 personas tiene empleo
En España hay casi 1.600.000 personas con algún tipo de discapacidad en edad de trabajar. Sin embargo, sólo una de cada cuatro tiene un empleo, pese a que las empresas tanto públicas como privadas de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a ofertar como mínimo un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.
El 88% de ellos son asalariados frente al 10,6% que son trabajadores por cuento ajena. Muchos de ellos, los diagnosticados con una discapacidad psíquica, han tenido problemas de concentración con los estudios, y han sido contratados para trabajos manuales, como es el caso de Jesús, quien trabaja en extinción de plagas en el Ifema.
Un programa de formación en profesiones tecnológicas de Fundación Once para universitarias con discapacidad
Aunque, de forma general, la mayoría no cuenten con títulos de educación superior, como puedan ser universitarios, sí están formados profesionalmente. Cesur es una empresa que oferta formación profesional a todas las personas con discapacidad, facilitando que empresas externas, ya sean públicas o privadas, los incorporen a su plantilla.
De esta manera, consiguen reducir la brecha existente entre personas con discapacidad y sin ella, dando una oportunidad de visibilizar el trabajo y esfuerzo de personas a las que les cuesta el doble conseguir un puesto de trabajo, porque ellas también tienen facturas que pagar y familias que mantener.
Madrid invierte 75 millones de euros para la contratación de personas con discapacidad
Madrid a la cabeza de ayudas sociales
La Comunidad de Madrid va a invertir este año 75 millones de euros para garantizar la contratación de personas con discapacidad a través de los 250 Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región, que el año pasado contaban con 16.813 ocupados.
El objetivo de la medida es fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido, a través de su contratación de los Centros Especiales de Empleo, sufragando los costes salariales de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33%.
