Fue la medida estrella del Gobierno el pasado año: el ingreso mínimo vital. Una prestación anunciada por el Ejecutivo dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que no tienen recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
A día de hoy hay más de 100 mil peticiones atascadas, que los necesitados no están recibiendo. 8 de cada 10 solicitudes han sido rechazadas y no recibirán la prestación.
Del presupuesto inicial, el Gobierno está dejando sin gastar 700 millones de euros. Les sobra, no se reparte entre los más necesitados.
