El Supremo resuelve esta semana dónde reubicar los restos de Franco
El tribunal resolverá definitivamente esta cuestión el próximo martes a partir de las 10.00 horas
AGENCIAS
El Supremo aborda el próximo martes en plena precampaña la probable exhumación de Francisco Franco con la duda puesta en la reinhumación de los restos, ya sea en el cementerio de El Pardo Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o en la cripta de la catedral de la Almudena, que es el deseo de la familia.
Resolverá definitivamente esta cuestión el 24 de septiembre a partir de las 10.00 horas cuando dé comienzo la deliberación y fallo del recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación, paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia.
La decisión sobre los restos de Franco coincide con la disolución de las Cortes
Se da la circunstancia de que la decisión sobre una de las grandes promesas de la legislatura de Pedro Sánchez coincide el mismo día con la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de elecciones, es decir, que el impacto del fallo que tomen los magistrados sobre el futuro de los restos de Franco caerá de lleno en la precampaña para las elecciones del 10 de noviembre.
Fuentes jurídicas consultadas explican que el tribunal evaluará primero la exhumación, una cuestión que genera pocas dudas entre los magistrados y que previsiblemente avalará la Sala.
El destino de los restos mortales del dictador
Otra cosa distinta es el destino de los restos mortales del dictador, dado que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja "largo y muy complejo", más aun cuando los magistrados no se han reunido previamente para compartir ideas o plantear escenarios.
El Ejecutivo quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y alude a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.
Estrasburgo dictaminó que la familia tiene derecho a ser escuchada pero el interrogante que se abre es si tiene también derecho a decidir por encima del Gobierno, que puede invocar razones de interés público y es ahí donde puede entrar la "seguridad" a la que alude el Ejecutivo.
Normalmente, en asuntos de derecho mortuorio suelen primar los criterios de salud pública, pero aquí no es el caso, sino que el Ejecutivo acusa a los Franco de ignorar los riesgos de seguridad que entrañaría el enterramiento en la cripta de la Almudena.
La familia presentó una pericial en la que alertaba de que los riesgos de profanación y de actos vandálicos "se dispararían" si fuese enterrado en El Pardo, porque "siempre sería una pareja" de agentes la que tendría que frenar el ataque, mientras que en la Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que controlarían "perfectamente".
Pero la Abogacía del Estado reprocha a la familia que no haya tenido en cuenta en ese informe los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o que haya olvidado.
El principal obstáculo se enfrentan los magistrados
De entre todas las aristas del caso, el principal obstáculo que enfrentan los magistrados es que la amplia jurisprudencia en materia de exhumaciones contrasta con la inexistencia de precedentes en casos de reinhumaciones "de la que no hay nada", precisan las fuentes, y "eso hace que el asunto sea jurídicamente muy complejo".
De hecho, esa unanimidad a la que apunta la decisión sobre la exhumación se antoja difícil en esta segunda cuestión ante la posibilidad de que se planteen votos discrepantes a la sentencia.