Este lunes comienza el juicio a los dos acusados de matar a un joven en Anchuelo
- La Fiscalía pide para ellos 15 años de cárcel
Los dos acusados de matar a un joven en Anchuelo en febrero de 2020, cuando supuestamente vivía de okupa, se sentarán en el banquillo a partir de este lunes acusados de homicidio por la Fiscalía, que solicita para ellos 15 años de cárcel.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid arrancará el juicio con jurado a A.V.B. y L.M.M. por presuntamente matar a Iván T.S., de 29 años y que había llegado a Anchuelo pocos días antes desde un pueblo de Cáceres.
La mafia 'okupa' sospechosa del asesinato de Anchuelo cobraba 1.500 euros por piso
Este lunes se conformará el jurado popular del caso y probablemente las declaraciones no comiencen hasta el martes, han precisado a Efe fuentes jurídicas.
Fue el 16 de febrero de 2020 sobre las seis de la tarde, cuando los dos acusados estaban en la casa de Iván junto a un tercer hombre no identificado y se inició una discusión en la que "puestos de común acuerdo y con la intención de acabar con su vida, cogieron sendos machetes que se encontraban colgados en la pared de la vivienda", relata la Fiscalía.
Mientras L. M .M. amedrentaba a una tercera persona que allí se encontraba para evitar que auxiliara a Iván, el otro acusado le golpeó la cabeza con un machete recto de 45,6 centímetros de hoja y un lado serrado, ocasionándole una herida en la cabeza, tras lo que lo apuñaló en el tórax con un machete curvo de 44 centímetros de hoja y un lado serrado, perforándole el corazón.
Hallan en Anchuelo a un hombre muerto con varios golpes y heridas de arma blanca
Luego, según siempre el relato de la Fiscalía, los dos huyeron del lugar. Finalmente fueron arrestados un mes después, el 25 de marzo de 2020, e ingresaron en prisión.
La Fiscalía pide para ambos, por delito de homicidio, una pena de quince años de cárcel y que indemnicen a los padres del fallecido con 150.000 euros -a cada progenitor- y con 100.00 euros a cada uno de los hermanos.
Tras el suceso la Guardia Civil detuvo a los dos presuntos autores materiales, que se habían fugado tras el crimen a Azuqueca de Henares (Guadalajara) y a Blanes (Girona), así como a otras tres personas como encubridores.
Las primeras pesquisas apuntaban a que la víctima vivía en un piso que había sido ocupado ilegalmente y habría discutido con la mafia que presuntamente controla a los residentes. Se trataba de un bloque ocupado casi en su totalidad desde hacía tiempo.
