Las Comunidades se muestran muy críticas con el plan de desescalada

  • Simón ve “posible” que en Cataluña y Madrid “se retrase un poco más” la desescalada como consecuencia de su situación en la pandemia

Llegaban a la comisión y se saludaban con el codo. La Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso es una de los 5 presidentes autonómicos que han ido hoy al Senado para reclamar una estrategia clara. Ayuso pedía allí una mesa bilateral con el Gobierno para pactar una desescalada que evite la "ruina" de Madrid. “Le pedimos planes concretos, pedimos ya una estrategia clara, nos vamos a arruinar”.

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla reconocía que se sienten devaluados, “los presidentes hemos pintado cero en esta coyuntura” y criticaba la ausencia de Pedro Sánchez.

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras reclamaba "respuestas" ante el nuevo capítulo de "improvisación" que se abre ahora en esta nueva fase: existen "más dudas que certezas" y reprochaba a Pedro Sánchez: “No se puede hablar cada día de llegar a acuerdos, a pactos y desechar venir aquí”.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pidió este jueves al Gobierno “lealtad recíproca para hacer las cosas bien”, dejando por tanto atrás la política de comunicación de “hechos consumados” y priorizando “la información y la colaboración” con las comunidades autónomas en la toma de decisiones ante la crisis del Covid-19.

Coincidía con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que decía que la conferencia con los máximos dirigentes autonómicos que convoca cada domingo “no es útil”, ya que “nos enterábamos de las decisiones por la televisión antes sin consultarnos ni escucharnos” y reclamaba: “¡Queremos que el presidente venga al Senado!”.

El consejero de Sanidad y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre, denunció este jueves que el mando único del Gobierno de España durante la crisis del coronavirus “no ha sido la solución” ya que “no ha funcionado como tendría que haber funcionado y en muchas cosas ha sido un desastre”.

El portavoz y consejero de Presidencia del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, advertía que “es hora de ir abandonando el paraguas del estado de alarma” para afrontar la desescalada en la crisis del coronavirus, después de haberse “perdido la oportunidad” de demostrar que la estructura descentralizada de España era eficaz para acometer la fase aguda.

Pero desde el Gobierno siguen apostando por un diálogo, aunque puntualizan: “Esto no significa unanimidad, no lo pretendemos; no significa adhesión, tampoco lo buscamos”, sostenía la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

Mientras, en el Congreso delos Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa comparecía y aseguraba que al plan de desescalada elaborado por el Gobierno “se ha incorporado más del 80% de las propuestas que nos han hecho llegar todas las Comunidades Autónomas”.

Salvador Illa en el Congreso / EFE
Salvador Illa en el Congreso |EFE

Aunque, una de las polémicas que sigue vigente es que la provincia sea la referencia para la desescalada, frente al área sanitaria como le reclaman desde algunas Comunidades. Dice el Ejecutivo que escucharán. “El Gobierno es flexible a cualquier otra propuesta que los diferentes territorios se considere más factible”, decía Illa, aunque la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera tiene la impresión de que “va a haber un amplia mayoría de división provincial porque, honestamente, es lo que más sentido tiene”.

Una desescalada a la que comunidades como Madrid o Cataluña puede llegar más tarde. “Están en una situación con una epidemia mucho mayor, su punto de partida es un poco más complicado que el de otras, aunque todo dependerá de cómo evolucione la epidemia en cada una de ellas en los próximos días”, sostenía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Un plan que el Ejecutivo ha aprobado y con el que las autonomías han sido muy críticas. Piden su propio margen de maniobra que el Gobierno se ha abierto a estudiar.

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