La Eurocámara reclama mejor control de la ejecución de los fondos europeos

Los eurodiputados han expresado este miércoles su preocupación por las limitadas opciones que tiene la UE para comprobar cómo se está utilizando el dinero del mecanismo de recuperación, ya que al crearse "bajo presión temporal", sus requisitos de control son menos estrictos que para otros programas de la UE y dependen más de las autoridades nacionales, que, en algunos casos, son "demasiado propensas a errores y poco fiables".

En este sentido, la resolución aprobada con 460 votos frente a 129, y 49 abstenciones advierte sobre el riesgo de uso indebido, fraude y delincuencia organizada e insta a la Comisión a reforzar la vigilancia de los sistemas de control interno de los Estados miembro.

La resolución plantea dudas sobre la evaluación por parte de la Comisión del cumplimiento nacional de los "hitos y objetivos" --criterios condicionales para que los países de la UE reciban los pagos del mecanismo-- y destaca su falta de claridad y de definiciones comparables.

Por ello, los eurodiputados han pedido a la Comisión que se abstenga de evaluar este cumplimiento "sobre la base de negociaciones políticas" y, a este respecto, han aludido al caso específico de España, que recibió un pago del fondo de recuperación en 2021 "sin haber reunido evidencia suficiente de haber cumplido los hitos".

Los eurodiputados también han insistido en que los países que no respeten el Estado de Derecho deben verse privados de fondos de la UE, como fue el caso de Hungría, que vio congelado el 55% de sus programas de cohesión al aplicarse el mecanismo de condicionalidad, pero consideran que la situación justificaba la retención del 100% de esos fondos.

"No podemos seguir repartiendo fondos como si nada allá donde se rompe el Estado de Derecho", ha incidido el eurodiputado del Partido Popular Europeo Jeroen Lenaers, ponente sobre la ejecución presupuestaria de la Comisión en 2021 junto a su compañera de grupo Monika Hohlmeier, quien ha reclamado mayor "celeridad" en los procesos de agregación de información para conocer "al 100% dónde está el dinero".

La ponente ha lamentado que sigue sin haber información "sobre cuántos de los fondos del mecanismo de recuperación han llegado a la economía real" y sobre la cooperación con las regiones, para garantizar que se benefician de esos fondos.

"Hemos aclarado que todo el dinero de la UE tiene que gastarse con fines europeos o que planteen un valor añadido europeo y no afluir al presupuesto ordinario nacional", ha añadido la también presidenta de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y jefa de la delegación que viajó a Madrid para conocer de primera mano la gestión de estos fondos en España, primer país que obtuvo un pago del fondo de Recuperación y Resiliencia.

Para garantizar que los fondos de la UE solo financien organizaciones que respeten estrictamente los valores de la UE, el texto aprobado propone establecer una lista negra pública de organizaciones no gubernamentales que participan en actividades como la incitación al odio, la incitación al terrorismo, el extremismo religioso o el mal uso de los fondos de la UE, para impedir que accedan a las instituciones de la UE.

Otro de los principios en los que ha insistido la eurodiputada alemana es el de igualdad, pues ha expresado su deseo de que no se utilice a los Estados miembro más pequeños para "imponer castigos ejemplares y sentar precedentes" mientras que los grandes salen mejor parados.

Junto a esta resolución, el pleno del Parlamento ha aprobado también la gestión de todas las instituciones y agencias de la UE, el Fondo Europeo de Desarrollo y nueve iniciativas comunes aunque, como ha sucedido en cada ejercicio financiero desde 2009, la Eurocámara ha pedido que se aplace la decisión de aprobación de la gestión del Consejo, al que ha solicitado que reanude las negociaciones de aprobación de la gestión y encuentre una solución que respete el papel del Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión, por lo que los eurodiputados volverán a evaluar el caso del Consejo en un plazo de seis meses.