El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión cautelar de la reducción de jornada de 37,5 horas semanales a 35 de los funcionarios municipales, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 30 de junio y que fue recurrida por la Abogacía del Estado.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido hoy esta suspensión que se alargará hasta que se resuelva el procedimiento, al entender que la medida era contraria a derecho al vulnerar la normativa básica del Estado, según sostiene un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid difundido hoy.
Contra la resolución, que condena al Consistorio a pagar las costas del procedimiento, cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, que entendía que los funcionarios municipales debían tener la misma jornada que el resto de administraciones.
El recurso contencioso administrativo, tramitado por Delegación del Gobierno, se fundamentaba en lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local en lo relativo a función pública y del Estatuto Básico del Empleado Público, al entender que los funcionarios municipales tienen que tener la misma jornada el resto de administraciones, fijada en 37,5 horas.
La Delegación de Gobierno recurrió el 30 de septiembre, a través de la Abogacía del Estado, la reducción de la jornada de los funcionarios del Consistorio madrileño argumentando que la Ley de Bases de Régimen Local sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración establece que los funcionarios locales se rigen por las mismas normas que los funcionarios del Estado.
Un argumento que avalad el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, y que fundamenta la suspensión en que mantener la reducción de jornada "consagraría durante un período más o menos dilatado" excepciones "a la relativa uniformidad de la regulación, en materia de función pública" y se consolidarían "situaciones de difícil reversibilidad".
El Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de septiembre la reducción de jornada a 35 horas semanales establecida en Castilla-La Mancha. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afecta al acuerdo del 30 de junio de 2016 de la Junta de Gobierno y dos rectificaciones, del 1 y del 4 de julio, sobre los horarios del Sámur y de los bomberos municipales.
En octubre la alcaldesa Manuela Carmena mantuvo, ante la denuncia de la Delegación del Gobierno, que el Consistorio actúa siempre de acuerdo con la "más estricta legalidad" y señaló la "hiperactividad" de la Delegación, que denunció también el cese de la interventora general y las cláusulas sociales en la contratación municipal.
SANCHEZ MATO CULPA A RAJOY
El delegado del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha culpado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la situación en la que se encuentran los funcionarios del Consistorio con la jornada de 35 horas después de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"TSJM suspende cautelarmente jornada de 35 horas para funcionarios de Madrid. ¿Culpable? Rajoy y quien le apoyó", ha escrito en su perfil de Twitter Sánchez Mato.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha responsabilizado este miércoles "al Gobierno de Ahora Madrid, con su alcaldesa y exjueza Manuela Carmena a la cabeza" de aprobar "acuerdos contrarios a la Ley". De esta manera, Dancausa ha respondido al concejal delegado del Area de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
La representante del Gobierno central en Madrid responsabiliza de forma única al Gobierno local por "vulnerar la Ley de Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que determina que la jornada de trabajo de los funcionarios locales será la misma que la de los funcionarios de la Administración General del Estado".
Y en segundo lugar, porque señala que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 la que determina que la jornada de trabajo para el personal del Sector Público, "que no puede ser inferior a 37 horas y media".
"Además, sin atender a ningún criterio de prudencia, la Junta de Gobierno aprobó una serie de acuerdos, siendo pública la sentencia del 26 de septiembre del Tribunal Constitucional, que dejaba sin efecto la aplicación de la jornada laboral. Aun así, el Gobierno de Ahora Madrid decidió aprobar el 13 de octubre, 29 de noviembre y 1 de diciembre, acuerdos que afectaban a la jornada laboral de la Policía Municipal, Agentes de Movilidad y trabajadores de las Oficinas de atención al Contribuyente y al Ciudadano", ha apuntado Dancausa.
El Consistorio estipuló para los funcionarios municipales la jornada de 35 horas en lugar de las 37,5 horas de trabajo semanales, una medida adoptada el 30 de junio de 2016 y que fue recurrida por la Abogacía del Estado, que entendía que los funcionarios municipales debían tener la misma jornada que el resto de administraciones. La resolución judicial es cautelar, a la espera de una sentencia firme.
