Los juzgados madrileños son, tras los de Andalucía, los que soportan una mayor ligitiosidad de España, con cerca de 1,5 millones de asuntos ingresados en 2011, una situación que tiene que ser atajada para mejorar la calidad de la administración de justicia en la región. Así lo han explicado hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Frncisco Javier Vieira, y la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, tras la presentación a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid referida a 2011.
La Memoria refleja que Madrid es, tras Andalucía, la segunda comunidad autónoma en número de asuntos ingresados en los tribunales, con cerca de 1,5 millones, según ha detallado Vieira, que ha destacado que "uno de los problemas más importantes de la Administración de Justicia de Madrid y de España es la excesiva litigiosidad que existe en los órganos judiciales".
"Esto se tiene que solucionar de alguna forma y se tienen que establecer los mecanismos oportunos para ello", ha dicho Vieira, que ha sostenido que reducir la litigiosidad e incrementar los órganos judiciales es "lo que puede solucionar los males de la administración de justicia", aunque ha precisado que lo segundo "no es lo más importante".
Para reducir el alto volumen de asuntos que tramitan los tribunales madrileños, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que son necesarias medidas legislativas, sobre todo en segunda instancia, para "reducir el cúmulo enorme de recursos de apelación, que son en muchas ocasiones inútiles y que lo único que hacen es retrasar la resolución de los asuntos y cargar excesivamente los tribunales", según Vieira.
También son necesarias medias en el ámbito penal, como la despenalización de determinadas faltas, lo que en opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "es imprescindible para poner en su justo límite la intervención de la justicia penal en los asuntos".
Ha precisado que junto a estas medidas también hay que modernizar la administración de Justicia o cambiar, en aquellos aspectos en los que sea necesario, la regulación de la asistencia jurídica gratuita, con el fin de "evitar que los querellantes habituales y abusivos, que los hay en gran medida, no colapsen el funcionamiento de los órganos judiciales".
En este sentido, la consejera de Presidencia y Justicia ha apuntado que "la altísima litigiosidad de Madrid y de España, que es muy superior a la de Francia, obliga a todos a reflexionar" y a aprobar "reformas legales de calado", como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que "una justicia saturada de cosas no imprescindibles hace que la justicia sea lenta para todos y dificulta la calidad".
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha subrayado la colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería de Presidencia y Justicia durante el pasado año, que ha permitido analizar la situación de la justicia madrileña y empezar a tomar medidas como el control del horario de los funcionarios y optimizar la gestión del personal.
Ha precisado que se ha comprobado que la Oficina Judicial ha tenido por el momento "unos resultados muy decepcionantes" en los lugares en los que se ha puesto en marcha, por lo que hay que reflexionar sobre un cambio en este proyecto.
Por su parte, Plañiol ha sostenido que 2011 "ha sido un año de excelente colaboración" entre ambas instituciones, que junto al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial han elaborado un informe sobre la justicia madrileña que incluye 80 medidas para su mejora, algunas de las cuales competen a la Comunidad de Madrid y otras al Ministerio o al Consejo General del Poder Judicial.
Ha apuntado que el Ministerio está estudiando la posibilidad de reducir el número de partidos judiciales y ha considerado bueno iniciar esa reforma legal, que en Madrid podría llevarse a cabo por las buenas comunicaciones y la concentración de la población.
Plañiol ha recordado que la Comunidad de Madrid ya está abordado medidas como el control del horario de los funcionarios, la reducción innecesaria de prolongación de jornada, la mejora de la formación o la concentración de juzgados.
