El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado a las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que el Govern mantiene el liderazgo del 9N y no se desentiende de su organización, aunque ha pedido también la participación activa de todos los impulsores.
Según fuentes de la reunión del Pacto en el Parlament consultadas por Efe, Mas se ha expresado así en su alocución en la quinta reunión del Pacto, que ha terminado a las 13.30 en el Parlament de Cataluña y que ha tenido lugar a dos días de la cita del 9 de noviembre.
Las mismas fuentes han apuntado que Mas ha aseverado que no se desentiende de la organización del 9N, cuyo liderazgo se mantiene en manos del Govern, pese a que la consulta alternativa ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Pero Mas ha subrayado también la importancia de que las entidades del Pacto tengan una participación activa en la jornada del domingo.
ERC había reclamado que el Govern se mantuviera como impulsor del proceso participativo del 9N, algo que dirigentes de CDC, como Jordi Turull y Josep Rull, ya habían apuntado que sucedería hoy. Tras la reunión está prevista una conferencia de prensa del coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Josep Rigol.
Todos los partidos proconsulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) han celebrado una reunión en el auditorio de la cámara catalana, junto las principales entidades socioeconómicas y culturales que forman parte del pacto, entre ellas, la ANC, Òmnium Cultural, la mayoría de sindicatos, la Mesa del Tercer Sector, ayuntamientos o diputaciones.
Además del presidente de la Generalitat, han asistido a la cita la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, la vicepresidenta, Joanna Ortega y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Por parte de los partidos del bloque soberanista, participan sus líderes: Oriol Junqueras y Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA) y David Fernández (CUP), así como el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, además de la diputada socialista Marina Geli, aunque el PSC no participa en la reunión.
EL GOBIERNO PREGUNTA A MAS QUÉ MÁS NECESITA PARA FRENAR Y LE ACONSEJA PRUDENCIA
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha preguntado hoy al presidente de la Generalitat, Artur Mas, "qué más necesita" para renunciar a la consulta que los fallos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y le ha advertido: "La prudencia no es mala consejera".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría no ha precisado qué medidas podría tomar el Ejecutivo ante el 9N, pero ha invitado a Artur Mas y a la Generalitat "a la reflexión" y a que no fuerce a ningún ciudadano a incumplir la ley.
Además, le ha avisado de que Cataluña no va a estar "en mejor condición que el resto" como consecuencia de "lo que pase o deje de pasar el domingo".
Sáenz de Santamaría ha insistido en que Mas tiene la obligación de cumplir la ley y respetar las decisiones de los tribunales, pero además no puede hacer lo que está haciendo ante la consulta del 9 de noviembre: poner a los ciudadanos en la tesitura de tener que incumplir las leyes. Así, le ha pedido que, "al menos en eso, respete a los catalanes" y, aunque tal vez él considere que está "por encima del bien y del mal" o "por encima de la ley", no haga que ningún funcionario, ningún ciudadano y tampoco ningún responsable político tenga que tomar decisiones que "le puedan generar la más mínima intranquilidad".
La vicepresidenta ha insistido en que el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno, y el Tribunal Supremo, a instancias de la propia Generalitat, se han pronunciado en el mismo sentido, y Mas debe respetar sus decisiones.
RECURRE AL COSNTITUCIONAL
Los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña han presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que le solicita que "reconsidere y deje sin efecto" la admisión a trámite de la impugnación del "proceso de participación" del 9N presentada por el Gobierno central.
El nuevo paso del gobierno de Artur Mas se produce 24 horas después de que el Tribunal Supremo rechazase anular la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Constitucional la convocatoria por parte de la Generalitat catalana de una consulta alternativa para el 9 de noviembre.
La Sección Séptima de lo Contencioso del Supremo consideró que la medida cautelar solicitada por el ejecutivo catalán no tenía sentido porque su recurso había sido presentado cuando la decisión del Gobierno central ya había sido publicada en el BOE.
En su resolución, que se limitó a no aceptar la medida cautelarísima solicitada, el Supremo adelantó además una probable inadmisión del recurso de la Generalitat. El acto del Consejo de Ministros cuestionado no es susceptible de ser recurrido, dijo el Supremo en este sentido.
EL CONSTITUCIONAL NO SE REUNIRÁ DE URGENCIA
El Tribunal Constitucional no prevé reunirse de urgencia este viernes ni el sábado para estudiar este recurso, según informaron fuentes jurídicas.
El recurso de súplica del Govern seguirá la tramitación habitual que sigue este tipo de demandas. El Alto Tribunal ya suspendió la votación en virtud del artículo 161.2 de la Constitución que ordena suspender automáticamente el acto impugnado por el Gobierno central si su recurso cumple los requisitos formales, por lo que la ley no contempla que el recurso de una parte paralice esta suspensión.
El Constitucional, que todavía no ha resuelto sobre el fondo del asunto, tiene cinco meses para levantar o prorrogar la suspensión y en ese momento pedirá informe a las partes y, ponderando los intereses en juego, decidirá si ratifica esta medida o la levanta para dictar sentencia.
Por su parte, la Fiscalía vigilará que la Generalitat de Cataluña no incumpla el mandato del Tribunal Constitucional que le obliga a suspender el proceso participativo del 9 de noviembre ya que si se desoye de forma flagrante, directa y manifiesta podría cometerse un delito de desobediencia.
En todo caso, el Constitucional no ha detallado un catálogo sobre conductas prohibidas y su providencia se ha dirigido a la Generalitat de Cataluña para que suspenda los actos de desarrollo del 9N, sin incluir una advertencia expresa sobre la obligación de cumplir con sus resoluciones como pedía la Abogacía del Estado en referencia al artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
