El consejero catalán de Interior, Ramon Espadaler, ha explicado que el 9 de noviembre habrá 6.992 agentes de los Mossos d'Esquadra de servicio, que "no estarán al servicio del ministro del Interior ni del conseller de Interior, sino al de los jueces, los tribunales y la Fiscalía, como no puede ser de otra manera".
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Espadaler ha recordado que la policía catalana tiene competencias de seguridad ciudadana pero también de policía judicial, por lo que deberá acatar órdenes judiciales y no los dictámenes del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en alusión a las declaraciones de Fernández, quien este miércoles dijo no tener dudas "de que los Mossos van a cumplir la ley y a hacer cumplir la ley".
"Si el Gobierno central quiere seguir la tesis de Fernández Díaz tiene instrumentos, que son dar instrucciones a través de la Fiscalía General del Estado", aunque de momento no se han producido, ha destacado.
DISPOSITIVO POLICIAL
En total, el próximo domingo trabajarán 2.236 mossos en servicio ordinario y 4.756 como refuerzo, y según ha detallado el conseller, la policía activó este lunes una prealerta, que será alerta a partir del 9 de noviembre y "alerta máxima desde las 6.00 horas" del 9N, para asegurar que todos los mecanismos y órdenes funcionan con fluidez.
Preguntado sobre si los preparativos del dispositivo policial son una muestra de que la Generalitat sigue en la organización del participativo, ha señalado que "la Conselleria de Interior no organiza nada respecto al 9N" y solo actúa ante la previsible movilización ciudadana como lo haría ante una final futbolística, un premio de Fórmula 1, el 11 de septiembre o el 12 de octubre.
Espadaler ha señalado que el secretario de Estado de Seguridad se ha puesto en contacto con el departamento de Interior catalán para "desmentir" que el Gobierno haya enviado refuerzos de la Policía Nacional, y ha detallado que tienen los mismos agentes que ya tenían en Cataluña, aunque éstos ya son más de los que tenían en los últimos tiempos.
EL GOBIERNO VIGILANTE
El Gobierno no actuará si la Generalitat no interviene en el 9N alternativo, según ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado anular la decisión de recurrir ante el Constitucional la convocatoria, como planteaba el Ejecutivo catalán.
En la víspera de la celebración de la quinta reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que aúna a las entidades proconsulta, Catalá ha dicho que "si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", ha subrayado el ministro.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha remitido sendas cartas a la vicepresidenta catalana y a la consellera de Enseñanza de la Generalitat en la que les recuerda la "importancia" de que no contravengan la decisión del Tribunal Constitucional, a lo que el gobierno catalán ha respondido que está "siempre" comprometido con "el cumplimiento del principio de la legalidad".
Ante la posibilidad de que mañana asuman la dirección del 9N las entidades del Pacto, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha subrayado que es el Govern quien "tira adelante" este proceso y que "quien pone las urnas el 9N es un presidente -el de la Generalitat- que se llama Artur Mas", sin perjuicio de que lo apoyen las organizaciones civiles.
Convencido de que Mas cumplirá con la legalidad, el portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha exigido al presidente catalán que "dé la cara", "rectifique" su rumbo y acate la suspensión del 9N por parte del TC, para así evitar "accidentes inútiles".
FRENTE JUDICIAL
En el frente judicial, el Tribunal Supremo ha rechazado anular la decisión del Gobierno de recurrir ante el Constitucional la convocatoria por parte de la Generalitat de una consulta alternativa para el 9 de noviembre.
Poco ha sorprendido la decisión al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha pedido al Govern que tome nota y "actúe en consecuencia", al tiempo que ha advertido a Mas de que "no sirve de nada" negociar con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, después del 9N.
En el mismo Tribunal Supremo, UPyD ha ampliado por segunda vez su querella contra el presidente de la Generalitat para incluir nuevos hechos en sus acusaciones, vinculados a la preparación de la consulta alternativa, que la Generalitat define como "proceso participativo", y ha ampliado su querella a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y a los cuatro miembros de la Mesa de la cámara de los partidos soberanistas.
Asimismo, el sindicato Manos Limpias ha ampliado por sexta vez su querella contra el presidente de la Generalitat, ahora por "insubordinación" al TC, también por mantener los preparativos para el nuevo modelo de consulta soberanista en Cataluña el 9N.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña el uso "ilegítimo" de los datos personales de los catalanes para el 9N, lo que en opinión de esta plataforma antisoberanista podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos.
En su escrito de denuncia ante la Fiscalía, SCC constata que la Generalitat está enviando a los domicilios de los catalanes "propaganda" personalizada, con nombres y apellidos, en la que anima a la participación para pronunciarse "sobre el futuro político de nuestro país"
