Jueces por la Democracia ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra el Ministerio de Justicia por la sobrecarga de trabajo que padecen los magistrados españoles, que afecta especialmente a causas "complejas" como las de corrupción, provocando una sensación de impunidad en los imputados.
El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional la demanda, que también se dirige contra al Consejo General del Poder Judicial, y ha explicado luego a los periodistas el contenido de este escrito que no tiene precedente en España.
Bosch ha indicado que la demanda presentada ante la jurisdicción de lo social es consecuencia de la grave falta de medios y la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales, en un país que está a la cabeza en número de casos de corrupción y a la cola en ratio de jueces por habitante en Europa, por debajo de Moldavia o Albania.
Ha ilustrado esta problemática con el caso de un juez de lo social de Madrid que falleció de un infarto, que estaba trabajando al 200 por cien de la carga razonable y que la misma mañana de su muerte tenía veinte juicios que celebrar.
"Esto es un problema estructural, son las condiciones en las que trabajan la mayoría de los jueces de nuestro país", ha asegurado Bosch, una situación que empeora en las causas de corrupción debido a que llevan más tiempo de investigación por su complejidad.
Según Bosch, se han detectado varias grabaciones a sospechosos de delitos de este tipo en las que muestran "una sensación de impunidad, de que la justicia no tiene instrumentos para perseguirles", cuando los jueces no pueden trabajar a un ritmo más rápido de lo que ya hacen, por lo que ha considerado que en este tema "la pelota está en el tejado del Gobierno".
"Hay que tener en cuenta que las tramas corruptas disponen de más medios para poder eludir la acción de la justicia de las que dispone la sociedad para poder perseguirlas, y esto no es aceptable", ha opinado al respecto.
FALTA DE MEDIOS
El problema no es solo la falta de jueces, sino también la de juzgados, y ha puesto como ejemplo que ahora hay 400 nuevos jueces que han aprobado las oposiciones en los dos últimos años pero que no tienen juzgados donde ejercer sus funciones y "están aparcados por toda la geografía española".
También hay falta de medios técnicos y a este respecto ha explicado que las comunicaciones entre las fiscalías y los juzgados se hacen por fax porque no hay sistemas informáticos compatibles, lo mismo que ocurre entre órganos judiciales de diferentes comunidades autónomas.
Invertir justicia es también necesario, según Bosch, para impulsar actividad económica en España, ya que actualmente hay alrededor de 14.000 millones de euros retenidos en consignaciones en los juzgados, un dinero que podría ayudar a la economía del país si se desbloqueara.
La demanda contra el Gobierno va enfocada, ha dicho, a que se trabaje en buenas condiciones, haya medidas de prevención de riesgos laborales, se determine cuál es la carga real de trabajo de los juzgados y se creen los juzgados y medios necesarios para que no exceda un nivel razonable.
El portavoz de la organización ha explicado que esta misma mañana ha recibido una llamada de la secretaria de Estado de Justicia ofreciéndoles diálogo en nombre del ministro Rafael Catalá, un gesto que ha valorado, aunque ha añadido que ahora hay que pasar de las palabras a los hechos.
