La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha denunciado por tercera vez ante la Comisión Europea un ataque a S’ha Acabat y ha pedido una investigación de los hechos: “Es obligación de la Comisión Europea garantizar el respeto de los valores comunes de la Unión en España y utilizar sus competencias para evitar violaciones de derechos fundamentales y cualquier tipo discriminación".
Pagaza ha denunciado en una carta a la vicepresidenta Vera Jourová el ataque a la carpa informativa de la organización estudiantil S’ha Acabat que tuvo lugar ayer miércoles en la Universidad Autónoma de Barcelona.
La eurodiputada señala que S’ha Acabat defiende el Estado de Derecho democrático y constitucional y la no discriminación del español en la Universidad y que el acoso que sufre ha ido en aumento, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) incluso ha sido condenada por ello en los tribunales.
La administración catalana, responsable de la universidad, mantiene una política arbitraria y enardece a los acosadores con su retórica identitaria excluyente, “mientras ignora o, incluso en ocasiones, justifica, el ataque a quienes defienden los valores del pluralismo y la libertad de conciencia”.
A la gravedad de los hechos se suman las declaraciones de los dirigentes políticos independentistas contra el Estado de Derecho. Esta carpa se había organizado tras un mensaje en redes de la consejera de Universidades de Cataluña, Gemma Geis, en el que afirmaba que los constitucionalistas no le dan miedo.
“Sus palabras, poniéndose contra aquellos que defienden el Estado de Derecho, han inflamado el acoso contra aquellos que defienden el imperio de la Ley. Esta es una prueba más de las constantes violaciones de los derechos civiles que se están produciendo en Cataluña, instigadas por parte del Gobierno independentista", asegura Pagazaurtundua en su carta.
“Reitero por todo ello mi petición de que investiguen los hechos y vulneraciones documentadas puesto que es obligación de la Comision Europea garantizar el respeto de los valores comunes de la Unión en España y utilizar sus competencias para evitar que violaciones de derechos fundamentales y cualquier tipo discriminación, independientemente del pretexto invocado”, concluye Pagaza.