Los cinco miembros de la Manada se encuentran ya en libertad con fianza. A las 19:30 horas, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Jesús Cabezuelo, que cumplían pena en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) han abandonado en taxi el recinto penitenciario, después de haber abonado la fianza de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Antes, a las 18,00 horas lo habían hecho sus tres compañeros, José Angel Prenda, Jesús Escudero y Angel Boza, que se encontraban en la cárcel de Pamplona.
Todos ellos después de haber abonado la fianza de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.
José Angel Prenda, Jesús Escudero y Angel Boza, condenados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, permanecían en en la prisiónde Pamplona, desde que el 9 de julio de 2016 el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ellos y los otros dos miembros del grupo, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, estaban encarcelados en Alcalá Meco.
A su salida del centro, situado a las afueras de Pamplona, les esperaban numerosos medios de comunicación que desde primeras horas de la mañana hacían guardia en las puertas de la cárcel, pero no así ciudadanos, puesto a lo largo del día no ha llegado a una decena las personas que se han acercado hasta allí.
Los tres han salido juntos del edificio, llevando sus pertenencias, se han montado en dos coches que han acudido a recibirles y en ellos han abandonado el lugar a gran velocidad, lo que ha obligado a los periodistas a tener que apartarse.
"Teníamos que haber hecho una barricada, no tenían por qué haber salido, tenía que estar todo el mundo aquí" ha dicho a su salida una de las mujeres que se había acercado hasta la cárcel para mostrar su rechazo a la decisión judicial.
A su queja se ha sumado la de otra que ha calificado de "indignante" la puesta de libertad, que, a su juicio, evidencia que la "judicatura forma parte de un sistema opresor, patriarcal y machista que considera a las mujeres como objeto de disfrute sexual del varón". "No es normal que los dejen impunes, en libertad, y con el agravante de hacerlo en vísperas de los Sanfermines", ha agregado.
MEDIDAS CAUTELARES
Los cinco sevillanos, conocidos como "La Manada" por un grupo de WhatsApp que compartían con otros amigos, fueron condenados el pasado 26 de abril a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento durante los Sanfermines de 2016, unos hechos que fueron denunciados por la víctima el 7 de julio por la mañana y por los que pocas horas después fueron detenidos. Desde entonces han permanecido en prisión. Los requerimientos de puesta en libertad por parte de sus abogados no han sido atendidos hasta ahora, cuando restan pocos días para el vencimiento del plazo de dos años para la prisión provisional.
Esto llevó a celebrar el pasado lunes una vista en la que las defensas solicitaron su puesta en libertad, mientras que las acusaciones, tanto particular como populares, así como la Fiscalía se pronunciaron a favor de la prórroga de la prisión provisional.
El mismo tribunal que les condenó por abusos sexuales, con un voto particular en contra que pedía su absolución, ha decretado ahora su libertad bajo fianza de 6.000 euros, también con un voto particular en contra, que se opone a la libertad y defiende la prórroga de la prisión incondicional.
Las respectivas fianzas han sido depositadas por sus allegados a lo largo de la mañana, lo que ha posibilitado su puesta en libertad.
A partir de ahora deberán comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia. Además, según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.
También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.
