Se considera el caso más importante en España de presunta piratería de descargas web de series y películas. Ha arrancado en Murcia el juicio contra 4 responsables de la página Seriesyonkis.com. Se les acusa de haber provocado perjuicios de 546 millones de euros en concepto de derechos de autor. Para el creador de la web, Alberto G.S., los responsables son los usuarios por facilitar enlaces para acceder a obras protegidas, porque él, dice, solo se ocupaba de los aspectos técnicos.
La historia de la página web comienza en 2007, cuando un becario de la Universidad de Murcia que utilizaba sus terminales informáticos, creó tres dominios alojados en un servidor de Sevilla. Nacía así la web, que presuntamente facilitaba enlaces para visionar en línea o descargar películas y series de televisión con derechos de propiedad intelectual. Fue tal el éxito, que en 2009 el administrador de la web creó una sociedad limitada que un año después vendió a otra empresa por 610.000 euros, porque se había presentado una denuncia contra él, y la policía había registrado su casa, y todo este tema le "quemaba". El representante de esta nueva empresa y dos de sus socios, también están acusados.
546 millones de euros, para la entidad que gestiona los Derechos de los Productores Audivisuales, y 9,5 millones, para la Federación Antipiratería. Por parte del fiscal pide dos años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada uno de los responsables.
Alberto G.S. también se defendía al decir que cuando recibió algún comentario sobre el origen de insertar algunos enlaces procedía a borrarlos. El creador de la web, sentado junto a los también acusados Jordi T. y David M. y Alexix H. -encargados de la gestión de la página tras su compra- ha sostenido que creó "seriesyonkis" como un hobby. Según ha manifestado, eran los usuarios los que ponían los enlaces que dirigían hacia las películas, y que en la web no se podía visionar nada porque todo era externo. Ha admitido, sin embargo, que alguna vez se colocó publicidad en la página, pero no cuantificó la cantidad exacta de dinero que pudo percibir por ello.
Por su parte, la abogada defensora de David M. ha pedido la recusación del perito que ha intervenido en una prueba a instancias de la Entidad de Gestión de los Derechos de Autor de los Productores Audiovisuales EGEDA al exponer que ha tenido conocimiento que formaba parte de una empresa socia de EGEDA.
5 claves de la lucha contra la piratería en Internet
- Las denuncias contra web piratas pueden interponerse por tres vías: la contencioso administrativa, que es la que se lleva a cabo a través de la Sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) del Ministerio de Cultura (56 webs han cerrado a raíz de esta Sección); la vía civil o la vía penal, estas dos últimas directamente ante los tribunales de Justicia.
- La piratería en España cayó un 3% en 2018 a la vez que aumentó el consumo legal de contenidos de cine, música, videojuegos y libros, según el informe del Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales elaborado por la Coalición de Creadores que sitúa no obstante el perjuicio económico que causó al sector en 2.188 millones de euros.
- También hay requerimientos a las páginas web que permiten el acceso a las copias piratas a través de proveedores de servicios antipiratería, como ocurrió recientemente con el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) que consiguió el cierre de 23 grupos de Facebook, con un millón de usuarios, en los que se compartían miles de títulos de libros.
- El Congreso de los Diputados aprobó el pasado febrero la reforma de Ley de Propiedad Intelectual de tal forma que solo se requerirá la autorización judicial para el cierre de una página web en el caso de que sea de estricta reincidencia en el delito o si previamente ya ha habido una resolución judicial.
- La mayor sanción por vía administrativa interpuesta por el Ministerio de Cultura ha sido hasta el momento la multa de 375.000 euros al propietario de las páginas web x-caleta.com y x-caleta2.com., cuyo cierre ordenó por una infracción muy grave contra los derechos de propiedad intelectual.
