El Pleno del Tribunal Constitucional aborda a partir de este martes la deliberación del recurso de Vox contra el segundo estado de alarma con una ponencia que propone declararlo inconstitucional, con tres magistrados a punto de abandonar el tribunal tras la renovación pactada por PSOE y PP.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que este pleno estuvo en el aire ante la renovación acordada por sendos partidos para la incorporación de cuatro magistrados, pero finalmente el bloque conservador insistió al presidente saliente, Juan José González Rivas, de celebrarlo para cerrar asuntos pendientes.
El recurso del segundo estado de alarma lleva semanas sobre la mesa de los magistrados, a quienes el presidente ha dado la posibilidad de realizar aportaciones al ponente, el conservador Antonio Narváez, para buscar un texto de mayor consenso.
Con ello se pretende evitar lo sucedido con el primer estado de alarma cuando la votación no solo rompió en dos al tribunal con un resultado de seis a cinco, sino que derivó en una clima por momentos insostenible entre sus miembros por los comentarios de algún magistrado hacia sus compañeros.
En el anterior pleno, el tribunal aparcó esta cuestión al siguiente que comienza este martes por "falta de tiempo" así como por las "importantes discrepancias jurídicas" que ya se vaticinaban.
Porque las posiciones ya están hace tiempo asentadas y todo apunta a que el pleno estimará el recurso de Vox, lo que supondrá el tercer golpe contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia.
Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso, una situación que se dio en varios países de nuestro entorno, pero respecto a la cual el tribunal se muestra dividido.
Esta cuestión y la cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales serán las cuestiones más delicadas a tratar por los magistrados.
Al margen de este tema, el otro gran asunto en el orden del día son los recursos de PP y Vox contra la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá que, en opinión de los partidos recurrentes, no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país.
No obstante, las fuentes señalan que lo previsible es iniciar el debate de esta cuestión pero no llegar a resolverla dado que son conscientes de la magnitud y problemática de abordar una ley de educación así como por la ingente cantidad de temas que se han incluido en este orden del día.