El Defensor del Pueblo cree que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla el pasado mes de junio, en el que murieron al menos 23 personas.
En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo destaca que ese día se registró "una situación de riesgo previsible en la zona".
Recuerda que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales.
Algo que en este caso no ocurrió.