El Gobierno madrileño celebra la admisión de la querella del novio de Ayuso

  • Miguel Ángel García ha confiado en que "se dejen de utilizar los medios del Estado para atacar a ciudadanos"
Foto: Telemadrid |Vídeo: Telemadrid

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha celebrado la admisión a trámite de la querella del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos, y ha confiado en que "se dejen de utilizar los medios del Estado para atacar a ciudadanos".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha señalado este miércoles que el caso que afecta a Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, es un asunto de "un particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", al tiempo que ha denunciado "el uso que se estaba haciendo por parte del Gobierno central de todos y cada uno de los resortes del Estado para atacar un particular".

La Justicia investigará si hubo filtraciones de la Fiscalía en el caso del novio de Ayuso
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García Martín ha relatado aspectos del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que acepta investigar si la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos por la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid.

En la citada nota se informaba sobre la investigación al empresario y la oferta de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.

García Ortiz asume la responsabilidad de la nota de prensa sobre el caso de la pareja de Ayuso
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El portavoz del Gobierno regional ha precisado que, aunque "no se puede descartar la naturaleza penal de los hechos relatados", la Sala entiende que "no puede descartarse de plano la relevancia penal de los hechos descritos como constitutivos" de delito en la querella presentada por González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid.

García Martín ha confiado en que "se dejen de utilizar los medios del Estado para atacar a ciudadanos que son particulares y que, por tanto, su vida personal y sus relaciones con la administración de Justicia o con la administración en general, no tienen por qué darse a conocer en los medios de comunicación y mucho menos con carácter previo a que el propio interesado pueda tener conocimiento de ellos".

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