El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener el 25% de clases en castellano en dos escuelas donde este medida ya se aplica cautelarmente por orden judicial, pese a que la Generalitat había pedido que se revocara tras la aprobación de la nueva ley lingüística.
El catal se ha pronunciado así por primera vez sobre las escuelas sujetas a medidas cautelares, después de que el pasado mes de junio reconociera que la sentencia que impone el 25% de clases en castellano no se puede aplicar tras la nueva ley aprobada por el Parlament, que ahora está en manos del Tribunal Constitucional.
A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva ley, la Generalitat había pedido la revocación de estas medidas en colegios donde se aplicaba el 25% de castellano por decisión judicial, pero la sala contencioso-administrativa del TSJC considera que la nueva legislación "no incide necesariamente en la decisión cautelar adoptada".
Todo ello cuando la Generalitat de Cataluña redobla la presión sobre los colegios que aún aplican el 25% de enseñanza en castellano.
LA GENERALITAT LO RECURRIRÁ
La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha asegurado que recurrirán los dos autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que obligan a dos colegios donde la medida ya se aplicaba cautelarmente a mantener el 25% de castellano.
Gomà ha insistido este jueves en declaraciones a la prensa que existe un nuevo "marco normativo" que hace "inaplicable" los dos autos judiciales, y que el TSJC se ha expresado en ese sentido "en diferentes resoluciones" del pasado julio, y ha acusado al tribunal de hacer "filibusterismo jurídico" y de "retorcer los argumentos".
"Nosotros y todo el país está defendiendo esta normativa, este nuevo marco normativo", ha señalado Gomà, que ha añadido que lo que dice el tribunal es que los centros donde se aplicaba el 25% con anterioridad "deberán acreditar" que "se ha hecho esta revisión de los proyectos lingüísticos, tal y como determina la nueva normativa".
Gomà también ha expresado que están "en contacto con los centros educativos" que aplican en la actualidad el 25 % y que los convocarán la próxima semana, aunque tenían prevista una reunión este viernes, para poderles "explicar la argumentación jurídica contra la resolución".
En cuanto al aprendizaje de lenguas, la secretaria general de Educación ha señalado que este debe decidirse "con un criterio pedagógico" y que están contra la "judicialización extrema e infinita" a la que aboca el tribunal.
DECRETO DEL GOVERN
El pasado mes de mayo, el Govern aprobó, en respuesta a la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano, un decreto ley que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y que fija al catalán como lengua vehicular.
El propio TSJC constató la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia del 25% porque se contradice con esta nueva normativa, y ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).
En concreto, el decreto del Govern estipula que el uso del castellano se deberá definir en función de criterios pedagógicos, y los jueces argumentan ahora que "en este caso, no se alegan ni constatan cuáles son los criterios pedagógicos individualizados que determinan la necesidad de modificar la decisión cautelar".
Los jueces consideran que la obligación cautelar de usar al menos un 25% de castellano "tampoco resulta afectada por la prohibición de porcentajes" que fija el decreto.
