El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó grabar sólo el sonido y no la imagen de su declaración del viernes pasado porque "no tiene la condición de autoridad" y porque "todos los españoles son iguales ante la ley". Así consta en una providencia emitida por el magistrado Juan Carlos Peinado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que rebate de esta manera lo alegado por la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, que indicaba que hacía esa petición atendiendo a que es un "personaje público".
"La investigada no tiene la condición de autoridad ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", indica el magistrado en su resolución.
Precisamente, el viernes Peinado acabó suspendiendo la declaración de Gómez dado que Camacho informó de que no se le había notificado una de las querellas que constan en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra ella, la de 'Hazte Oír". El juez ha señalado nueva fecha para el 19 de julio a las 10.00 horas.
Todo apunta a que esa nueva declaración, por tanto, será grabada con audio y con vídeo y la misma estará a disposición de las partes personadas --entre ellas Vox, Haxte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa--.
El juez, en esta nueva providencia para responder a Camacho, señala además que "no se alcanza a comprender" la petición de Camacho y le recuerda que el hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario".
Cabe recordar que Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que antes de que se suspendiera esa declaración del 5 de julio, el letrado de la mujer del presidente insistió en varios escritos en conocer los hechos por los que la investigaba habida cuenta que la Fiscalía Europea ha asumido la parte de las pesquisas relativas a contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.
Begoña Gómez y el rector de la Universidad Complutense anunciaron la cátedra que se creó para ella 37 días antes de que ella fuera designada como directora. El digital 'El Debate' informa este lunes de que Oscar López, jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, llamó al empresario Carlos Barrabés "para que sacara de la ecuación a Begoña Gómez", para que el caso no salpicara a la esposa de Sánchez, ante la publicación de su relación laboral.
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha negado que la comisión de investigación sobre la mujer del presidente de España, Begoña Gómez, ataque la autonomía universitaria como argumenta el PSOE y ha recordado que ya hay un precedente con la que estudió el máster de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes. Lo ha asegurado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum donde le han preguntado por la oposición tanto de PSOE como de Más Madrid a la creación de esta comisión registrada por los 'populares' con el objetivo de analizar si hubo "trato de favor" hacia la esposa del presidente del Gobierno. "Entonces se creó una comisión de investigación en un tema que pertenecía totalmente al ámbito universitario", ha apuntado Ossorio, quien entonces era portavoz del PP en la Cámara. Ha recordado que desde su formación se argumentó precisamente esta colisión con la autonomía universitaria y que se pidió un informe de los servicio de la Cámara.
Entiende Ossorio que esto supone un "precedente muy claro", porque si en 2018 "era posible una comisión de investigación sobre un tema que afectaba al mundo universitario, pues en el año 2023 creo que también".
Ossorio espera que se "pueda depurar de alguna manera" lo sucedido en la UCM porque "lo visto de la señora Begoña Gómez" deja claro que hay que "regular". "Ahora dirán los tribunales, pero creo que una persona seria, con principios, nunca hubiese hecho esa actividad. Podrá no ser un delito, eso lo tienen que decir los jueces, ahora que esa actividad es inmoral no cabe la menor duda", ha zanjado.
La comisión de investigación, que ya recibió luz verde de la Mesa de la Asamblea, comenzará a trabajar en octubre y de momento no se ha trasladado cuáles serán los ponentes a los que llamarán los grupos parlamentarios.