El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este lunes a seguir “defendiendo los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional, volver a denunciar lo que está pasando en Europa y llegar hasta donde haga falta” para hacer cumplir la Constitución en España, un país en el que Pedro Sánchez “es legítimamente presidente, pero no es legítimo lo que está haciendo”.
En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, que es el máximo órgano entre Congresos del partido, Feijóo acusó a Sánchez de haber “perdido todo interés en cuidar la democracia española”. Eso sí, en su caso subrayó que no iba “a hablar de golpes”. “Para mí, la democracia y la historia democrática de mi país es muy seria”, remarcó.
En todo caso, prometió que no se quedará “de brazos cruzados” ante el momento que vive España. Cargó así contra un Gobierno que “ha elevado el nivel de insultos contra nosotros” y ha iniciado “la coacción” después de que el PP haya recurrido en amparo al Tribunal Constitucional por la forma en la que se está llevando a cabo la reforma exprés del Código Penal.
Rechazó así las “coacciones” por parte del Ejecutivo, que ha pedido al PP retirar dicho recurso de amparo al Constitucional. “Lo tienen claro”, replicó. “Si alguien se cree que compararnos con Tejero nos va a amedrentar, se equivoca. Dirijo un partido que enfrentó desde el Gobierno el golpe de 1981”, llegó a decir el líder de los populares. Además, rechazó las lecciones de aquellos que “han entregado el Gobierno a los socios que no han dejado de golpear la democracia antes incluso de la Constitución, durante la Constitución y el tránsito constitucional”. “Si alguien cree que nos vamos a dejar coaccionar, se equivoca”, insistió Feijóo.
De tal forma, remarcó que él defenderá los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional, además de que volver a denunciar lo que está pasando en Europa. “Llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España. Lo vamos a hacer por respeto a los españoles y por respeto a la Constitución”, indicó.
Feijóo subrayó que las últimas decisiones de Sánchez, como reformar los delitos de sedición y malversaciones, no fueron medidas recogidas en su programa electoral ni en su discurso de investidura. “Tampoco se ha sometido a los organismos de control preceptivos y tampoco se ha consultado con el pueblo español, con todo el pueblo español”, se quejó. “¿Dónde está entonces la legitimidad?”, preguntó Feijóo llegado este momento. A continuación, valoró que “Sánchez es legítimamente presidente, sí, pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo”. “No solamente no es legítimo, sino que no es ético ni es mínimamente razonable”, aseveró.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación con la que también pretenden, mediante enmienda, reformar dos leyes orgánicas, del TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para cambiar las mayorías de elección de los magistrados de ambos órganos.
Dichos cambios, registrados por los partidos del Gobierno como proposición de ley, superaron el primer trámite la semana pasada en el Congreso de los Diputados y este jueves, si no es paralizado previamente por decisión del tribunal de garantías, está previsto que se produzca la votación final en la Cámara Alta.
El PP también ha pedido a la Mesa del Senado suspender esa tramitación hasta que el Constitucional decida sobre el fondo del asunto.
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, aseguró este lunes que “la única anomalía que vive y sufre nuestra democracia es tener una derecha que se torna antisistema cuando no gobierna”. Así lo trasladó en la rueda de prensa en la sede de Ferraz, en la que denunció el “daño absolutamente irreparable” que, a su juicio, está haciendo el Partido Popular al llevar a una “crisis en la democracia del país sin precedentes", en referencia al recurso que estudia el Tribunal Constitucional sobre la paralización de la proposición de ley que reforma el sistema de elección de los magistrados.
Según Alegría, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo transita por un “camino muy peligroso que deben abandonar” al ir por una “travesía que ni ellos mismo saben dónde van a concluir”, fruto de la “muy grave” presión que están ejerciendo, denunció.
Por su parte, Podemos avisa riesgo de "golpe blando" y ha demandado al Tribunal Constitucional que no actúe de forma "antidemocrática" y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma que desbloquea su renovación antes de que se complete la tramitación parlamentaria en el Senado, aunque ha desgranado que si finalmente resuelve en ese sentido, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.
Así lo ha indicado en rueda de prensa la coportavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, para calificar de "gravísima" el posible "golpe blando" a la democracia que podría perpetrar el "aparato de la derecha judicial", si el Pleno del TC admite las medidas cautelares solicitadas por el PP antes de que la proposición de ley se apruebe en la cámara alta.
Jacinto ha desgranado que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una "línea roja" que amenazaría las bases del sistema democrático.
El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha expresado en rueda de prensa el "pleno respeto y apoyo" de Vox al Constitucional, que hoy resuelve si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para renovar a los magistrados de este tribunal con mandato caducado, decisión que pospuso el jueves y que puede abrir una crisis institucional.
Para Buxadé, la situación creada por el Gobierno de coalición es de una "enorme gravedad", dado "el acoso, persecución, coacción, chantaje y amenaza" a los que está sometiendo desde el jueves a los magistrados del TC para "influir" en su decisión sobre los recursos de amparo del PP y Vox que piden la paralización de la reforma.