El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha consumado la pérdida de las competencias de la Guardia Civil en materia de control de puertos y aeropuertos, tal y como venían avisando las asociaciones del cuerpo hace semanas. Las peticiones de cesiones de competencias por parte de los independentistas al gobierno de Sánchez han aumentado en los últimos meses y las demandas van más allá del referéndum y la amnistía.
Tras la publicación de la nueva orden del 21 de julio, la Policía Nacional tendrá más cometidos en el control de fronteras, en detrimento de la Guardia Civil. Desde asociaciones de Guardia Civil como AUGC, denuncian que "pretende relegar a la Guardia Civil de los cometidos que viene desempeñando desde hace décadas".
En el País Vasco, el PNV recuerda que Sánchez "se juega todo" en el "acuerdo estratégico" con PNV o Junts. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, cree que la pretensión de Sánchez es que "no haya más solución que él" para presidir el Gobierno. "Y que sea: 'o él o el caos' o 'él o la repetición electoral y 'él o el bloqueo'", ha añadido.
El PNV pide a Sánchez una oferta para apoyarle
El líder jeltzale ha subrayado que, de esta forma, tiene "la vista puesta en condicionar" a quienes le van a tener que dar el voto de investidura "sí o sí". "Depende de qué movimiento haya en el voto CERA, a Pedro Sánchez le van a hacer falta todos los votos positivos para sacar la investidura con todas las formaciones políticas que estamos ahí en danza", ha remarcado. Por ello, cree que las debería "atender un poquito más y mejor".
Sobre el hecho de que EH Bildu ponga como precio para su apoyo al candidato del PSOE "frenar el voto a la derecha", el presidente del PNV ha considerado que "eso vale como eslogan para unas elecciones" y cree que "les ha funcionado medio bien" en campaña, pero ha dicho que ahora "llega el momento de la verdad".
Por su parte, Bildu y Esquerra plantean la posibilidad de convocar un doble referéndum de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco. En el caso de Junts, su demanda inicial es la amnistía para todos los involucrados en el referéndum ilegal, incluyendo a Puigdemont, y transferencia de competencias a Cataluña para poder realizar referendos autónomos, con el objetivo de llevar a cabo uno vinculante sobre la secesión. Jordi Turull enfatizó que no se conformarán con una de las dos concesiones, ya que ambas son inasumibles por separado.
Los juristas coinciden en que una eventual amnistía sólo podría salir adelante mediante una ley orgánica, que requiere la mayoría absoluta del Congreso, al tratarse de un asunto que atañe de forma directa a los derechos fundamentales, y asumen que lo más probable es que la norma acabara dirimiéndose en el Tribunal Constitucional.
Los grupos independentistas en el Congreso ya presentaron en marzo de 2021 una propuesta de ley orgánica de amnistía que la Mesa rechazó tramitar, en base a un informe de los letrados de la cámara que avisaba de que podía suponer un "indulto general" a los encausados por el procés.