Los cuatro magistrados del Constitucional que discrepan de las sentencias de los ERE creen que se debilita la lucha contra la corrupción
- Enrique Arnaldo: exonerar toda la malversación transmite a la ciudadanía que "la corrupción política es un medio válido de actuación de los poderes públicos"
Los magistrados del Tribunal Constitucional que se han opuesto al borrado de los delitos de los ERE fraudulentos en el anterior gobierno socialista de Andalucía, se lamentan en sus votos particulares de que la mayoría progresista da validez a la corrupción como método político.
El Tribunal Constitucional culminó este pasado miércoles su revisión de los recursos contra las sentencias del 'caso de los ERE' tras amparar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros ocho excargos de la Junta de Andalucía condenados por delitos de prevaricación y/o malversación.
De la docena de recursos, diez han sido estimados parcialmente y dos rechazados -los del exconsejero José Antonio Viera y el director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez-.
Por lo general, el Constitucional ha considerado que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron de manera "imprevisible" los delitos de prevaricación y malversación, y ha instado a dictar una nueva sentencia que rebaje las penas de inhabilitación al excluir algunos hechos y que borre las de cárcel para algunos condenados pues no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.
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Las sentencias de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, borrando la responsabilidad de los dirigentes socialistas en el caso de los ERE de Andalucía, han tenido cuatro votos particulares de magistrados opuestos a la absolución de los implicados.
Los cuatro magistrados que han discrepado de la tesis mayoritaria -los conservadores Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez- han advertido en sus votos particulares de que las sentencias debilitan "la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada".
Consideran que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado al atribuirse funciones propias del Supremo al revisar esta sentencia y ha actuado como un tribunal de instancia en "el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España".
Alguno de ellos alerta, además, de que las decisiones dejan "impunes unas conductas de especial gravedad cometidas por unos concretos responsables políticos" a los que, en opinión de los cuatro, se les debería haber mantenido sus condenas.
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Los magistrados discrepantes recuerdan que la trama eliminó todos los controles sobre el gasto público y consideran a Jose Antonio Griñán una pieza fundamental en ese desvío de dinero.
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Manuel Chaves ha pedido este jueves al PSOE que le vuelva a aceptar como militante y dice que todo fue una confabulación contra él. "Si hubo una confabulación, fue contra el Gobierno socialista".
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El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que el Constitucional no reconoce su inocencia sino que dice que hay que volver a juzgarle; no ha puesto fin al caso sino que "lo vuelve a abrir"; ni desdice al Supremo cuando habló de "un fraude sin precedentes".
