El expresidente del BBVA consintió contratar a detectives para averiguar quién estaba detrás de Sacyr cuando ésta quería hacerse con el control del banco. Así lo desvelan los audios de su declaración en la Audiencia Nacional. Lo que niega Francisco González es que supiera que, tras esos servicios, se encontraba el comisario Villarejo.
Francisco González ha mostrado este jueves su más absoluta "indignación y sorpresa ante la intolerable agresión que está sufriendo a raíz de la ligereza y frivolidad de las acusaciones vertidas sobre su persona", tras el levantamiento del secreto del caso BBVA-Villarejo.
De esta forma el exbanquero, conocido en círculos económicos como FG, reacciona a distintas informaciones, entre las que figura que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de contratar de forma opaca a Villarejo para el BBVA o las de que su exjefe de seguridad Julio Corrochano le atribuye la contratación del excomisario de policía.
En opinión de FG, según la documentación conocida hasta el momento, "existe una absoluta falta de rigor en dichas acusaciones, una ausencia total de pruebas que sustenten acusaciones tan graves y una inexplicable carencia de argumentos jurídicos".
En base a lo conocido del sumario, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, prosigue el exbanquero en un comunicado, "se basa en simples indicios e incluso meras conjeturas, así como en opiniones y declaraciones de terceros, que están en una posición de defender su propia situación personal".
Contratar a una empresa de detectives era legal y moralmente aceptable. Es lo que le dice al juez, quien fuera presidente del BBVA.
Lo que no sabía, dice, es a quién estaba contratando. Asegura que supo que era Villarejo por la prensa.
Descarga la responsabilidad en Julio Corrochano, compañero de Villarejo en la Policía y en ese momento jefe de seguridad del banco. Aunque González matiza “pero el señor Villarejo y Cenyt y toda esta pandilla de gente aparentemente eran muy honorables hasta que le meten en la cárcel”.
Y se escuda en que los pagos a Villarejo fueron de 10 millones de euros y que a él sólo le llegaban temas de más de 50.
“Nunca he visto un contrato, nunca he visto una factura y nunca he visto a un proveedor, por lo tanto, es imposible que yo haya leído esos contratos” asegura González.
Pero la Fiscalía considera que fue él quien ordenó esa contratación a sabiendas de que no era legal porque Villarejo era policía en activo y sus servicios incluían acceso a información reservada.
