Cuba se prepara para una nueva gran movilización de los opositores este lunes, dos meses después de las mayores protestas de los últimos años en la isla. Una iniciativa que el régimen cubano quiere abortar, con un gran despliegue policial en las calles e incrementado la represión a opositores y periodistas independientes.
Los promotores de la marcha, aglutinados en el movimiento Archipiélago, han llamado a la población a sumarse a las concentraciones, aunque sea con gestos simbólicos como una cacerolada.
Archipiélago ha denunciado presiones a sus miembros durante estas últimas semanas, incluidas citaciones ante las oficinas de la Fiscalía en las provincias donde se ha planteado convocar la manifestación. El movimiento ha advertido de que el "rostro dictatorial" del Gobierno se ha traducido en interrogatorios, amenazas y "hasta expulsiones laborales".
Uno de los señalados por las fuerzas de seguridad es el activista y disidente Yunior García Aguilera. La Policía le obliga a permanecer en su domicilio, bajo la amenaza de ser detenido y enviado a la prisión del Combinado del Este.
Al tiempo, el gobierno cubano impide por todos los medios la repercusión internacional de las protestas. Ha retirado las credenciales a periodistas de la agencia EFE, aunque ya ha devuelto dos de ellas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que España “no va a cejar” hasta que las autoridades cubanas devuelvan “todas las credenciales” a todos periodistas de la Agencia Efe en La Habana, despojados de ellas el sábado sin recibir explicación.
El gobierno cubano culpa a Estados Unidos de instigar las protestas.