La abstención del PP en el último minuto ha permitido este jueves al Gobierno sacar adelante el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), que ha estado en el aire por la definición de productor independiente que modificó el PSOE con una enmienda introducida en el trámite de Ponencia.
Fuentes parlamentarias 'populares', consultadas por Europa Press, han justificado la abstención. "No es la Ley que nosotros queremos, pero hay que cumplir con Europa, porque se trata de la transposición de una directiva que debería haberse realizado antes de septiembre de 2020 y, de hecho, nos han apercibido por no haberlo hecho ya".
El texto, que será remitido ahora al Senado para continuar con su trámite parlamentario, ha salido adelante gracias a la abstención de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos --incluidos los miembros del Gobierno Yolanda Díaz, Irene Montero Ione Belarra y Alberto Garzón--, y los votos a favor del PSOE, PNV, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria. En cambio, han votado en contra Navarra Suma, CUP, Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT y VOX.
En la votación de las distintas enmiendas que quedaban aún vivas, el Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda transaccional pactada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, ERC y Bildu para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, lo que ha motivado el voto en contra a la ley de los independentistas. Las asociaciones de productores de cine y audiovisual habían pedido a los distintos grupos políticos que votaran "en conciencia" y rechazaran el texto, tras incluir una enmienda del PSOE de consecuencias "devastadoras" para el sector.
La polémica enmienda sobre los productores independientes de los socialistas ha provocado el reproche de muchos portavoces durante el debate de la norma, entre ellos, sus socios de investidura como el portavoz de ERC, Joan Margall, que ha anunciado su voto en contra porque los socialistas han "dinamitado" el pacto que habían alcanzado previamente sobre la promoción del catalán.
Pese al voto en contra de ERC, la Ley Audiovisual aprobada este jueves incluye el acuerdo alcanzado con el Gobierno, como condición para que los independentistas apoyaran el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En virtud del pacto, la norma reserva un mínimo anual de 15 millones para la producción de contenido en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales.