La ley de familias impulsada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, vuelve este martes al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión al Parlamento, con algunos cambios técnicos tras los informes de los órganos consultivos y la negociación entre ministerios de las medidas de conciliación.
El Gobierno aprobó el anteproyecto de la ley de familias en diciembre. Algunos de los informes consultivos remitidos al Gobierno proponen cambios, como el del Consejo de Estado, fueron muy críticos con el proyecto del Gobierno.
Con la nueva norma, en España serán más de un millón las "Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", actualmente conocidas como "Familias numerosas", ya que incorpora a unos 300.000 hogares de un solo progenitor con dos hijos que pasan a tener esa condición que reconoce derechos y ayudas. También otorga ese título, criticado por las actuales familias numerosas, a los hogares con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad , los encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, y aquellos con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
El Defensor del Pueblo va a realizar un seguimiento de las quejas de las familias numerosas contra la polémica la ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Representantes de la institución se han reunido con diversas asociaciones que han trasladado su malestar por lo que consideran “una farsa” de la ministra Belarra que ataca a los derechos de los padres.
La ley de familias incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o convivientes, crea un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos y reconoce el derecho a la atención temprana de los menores y sus familias.
Además, amplía la renta crianza de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes, una medida que ya está en marcha desde enero.
La nueva ley incluye un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente y el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o accidente- hasta 4 días retribuidos.