PSOE y Podemos  se reúnen para intentar cerrar la crisis de esta semana

La Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se ha reunido por sorpresa la tarde de este viernes en un intento de ambos partidos para cerrar los desencuentros que se han producido en el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez este semana. Ha sido la segunda reunión de este órgano de control, que se constituyó el pasado día 18 de febrero, se ha celebrado este viernes a pesar de que en un primer momento estaba previsto que tuviera lugar el próximo jueves, día 12.

Se pretende cerrar así visible descoordinación vivida esta semana y una ofensiva de Unidas Podemos contra las finanzas del rey Juan Carlos que auguran nuevos motivos de división entre los socios.

"La comisión de seguimiento aspira a consolidar esta nueva cultura de coalición, basada en la colaboración y en el respeto mutuo, y muestra su disposición a reunirse cuando sea necesario para facilitar la agenda legislativa progresista y el cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos, han subrayado fuentes socialistas al término de la reunión.

A la reunión han acudido, por parte del PSOE, el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo; el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños; el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo; el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Oliver; la dirección del gabinete de Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres; y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Podemos ha estado representado por el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Juanma del Olmo; el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; y la secretaria de Estado de Agenda 2030 y diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra.

El anteproyecto de ley de libertad sexual abrió la polémica

La inminente aprobación del anteproyecto de ley de libertad sexual, más conocida por introducir el consentimiento expreso como elemento clave de diferenciación entre una agresión sexual y una relación consentida, fue precisamente el detonante de una semana en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actuó más que nunca como dos gobiernos en uno.

Cuando las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos parecían haberse resuelto a favor de los morados con la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de iniciar la tramitación del anteproyecto antes de la fecha simbólica del 8 de marzo, Día de la Mujer, todo volvió a saltar por los aires con la difusión por la Cadena Ser de un informe del Ministerio de Justicia lleno de correcciones al texto elaborado desde el departamento de Igualdad que dirige Irene Montero.

Ya antes de la intervención de Sánchez, Podemos había acusado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de estar bloqueando el anteproyecto con el respaldo de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Una crítica que le volvería a dirigir el líder de los morados, Pablo Iglesias, cuando el martes desde el Senado, después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto, criticase que detrás de las "excusas técnicas" al texto de Igualdad se escondía "mucho machista frustrado".

Al día siguiente, el portavoz en el Congreso de los morados, Pablo Echenique, insistía en arremeter contra Campo: "Parece que hace falta que venga un machote a arreglarte la ley", se quejó, mientras el aludido reivindicaba el trabajo hecho desde su departamento para mejorar el texto salido de Igualdad. Sólo una intervención horas después de Iglesias, afirmando que el Gobierno es "feminista del primero al último de sus miembros", permitió calmar aparentemente los ánimos.

El enfrentamiento vivido tiene como trasfondo la pugna entre ambos partidos por la bandera del feminismo, que PSOE y Podemos no entienden exactamente de la misma manera.

De hecho, las ministras de la coalición acudirán por separado, cada una con sus respectivos partidos, a las manifestaciones del domingo por el Día de la Mujer.

La ley Celaá y la indemnización por el caso Couso

Otro proyecto de ley aprobado el martes pasado por el Consejo de Ministros, la reforma de la ley de educación, también es foco de división en el seno del Ejecutivo, dado que Unidas Podemos sostiene que no se ajusta al acuerdo de gobierno al no prohibir las subvenciones públicas a centros que segregan por sexos. Los dos socios tendrán oportunidad de llegar a un acuerdo en el trámite parlamentario para enmendar la ley en este punto, pero en todo caso aún no han alcanzado ese consenso y los morados empiezan a desconfiar del compromiso de los socialistas.

A estas dos fricciones se sumó en la misma semana el desmarque de Unidas Podemos del recurso de la Abogacía del Estado a la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba al Estado a indemnizar a la familia del cámara de televisión José Couso, muerto por disparos estadounidense, en Irak. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, justificó el recurso porque la decisión judicial extiende el derecho de protección consular de tal manera que sería "inasumible para el Estado", argumento que no comparte Unidas Podemos, que se desmarcó en un comunicado.

Polémica por una Guía de Trabajo sobre el coronavirus

El jueves, en cambio, fue Moncloa la que se desvinculó de una polémica guía de recomendaciones laborales frente al coronavirus elaborado de manera unilateral por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, y que soliviantó a patronal y sindicatos por no haberles consultado antes. Presidencia del Gobierno se vio obligado a emitir una nota dejando claro que es el Ministerio de Sanidad el que marca las medidas a seguir frente al coronavirus.

No fue éste el único desencuentro del día. La decisión de Unidas Podemos se sumarse a otros grupos en el Congreso para pedir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las finanzas del rey Juan Carlos y sus supuestas cuentas millonarias en el extranjero abría un nuevo foco de tensión, pues fuerza al PSOE a votar en contra de una iniciativa defendida por su socio de coalición. La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, no ocultaba este viernes su sorpresa porque se vuelva a plantear una comisión de investigación rechazada sistemáticamente por los letrados cuando los proponentes "saben que no cabe constitucionalmente".