Los líderes de la Unión Europea (UE) lograron este jueves desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de Derecho.
El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación, que movilizarán en total 1,8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias de la covid-19, con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
"Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter.
Los líderes europeos han dado 'luz verde' al documento que había sido pactado previamente por Alemania, como presidencia de la UE, con Hungría y Polonia y que da garantías a estos dos países de que el nuevo sistema para condicionar el desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no se utilizará para presionarles en otros campos, como la política migratoria.
En concreto, el texto garantiza que este mecanismo busca únicamente "proteger" el presupuesto europeo y el fondo de recuperación de cualquier tipo de "fraude, corrupción o conflicto de interés" y también garantiza que su aplicación será "imparcial" y "no discriminatoria".
Por otro lado, los socios comunitarios han pactado que esta condicionalidad no se aplicará hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) se haya pronunciado sobre la legalidad del mismo en caso de que Budapest o Varsovia decidan recurrirlo ante la Justicia europea. En la práctica, esto supone que no se podrán suspender pagos a países que violan los principios fundamentales del bloque hasta dentro de al menos dos años.
"Europa avanza", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la misma red social sobre un acuerdo que da el pistoletazo de salida para la ratificación tanto del Marco Financiero Plurianual (MFP) como del fondo de recuperación de 750.000 millones.
Un largo proceso hasta que se materialicen las ayudas
El paso dado por los líderes europeos acaba con más de tres semanas de bloqueo con él la UE puede iniciar el procedimiento para aprobar los dos instrumentos. Los embajadores de la Unión Europea, de hecho, tiene previsto cumplir la primera etapa este mismo viernes.
En primer lugar, es necesario que los Estados miembros aprueben por unanimidad el nuevo techo de recursos propios del bloque en el seno del Consejo de la UE. Esta normativa que necesita la Comisión Europea para poder emitir la deuda con la que financiará el fondo anticrisis que acordaron los jefes de Estado en julio.
Una vez el techo de recursos propios sea aprobado por el Consejo, se iniciará el proceso para que reciba el visto bueno de todos los Estados miembros de forma individual. Esto requiere la aprobación en cada uno de los parlamentos, entre ellos el Congreso de los Diputados, y en Bruselas se estima que podría alargarse hasta tres meses.
Por eso, el Ejecutivo comunitario cree que no podrá realizar la primera emisión de deuda europea antes del verano de 2021, lo que retrasa hasta entonces los primeros desembolsos con cargo al fondo de recuperación.
Pero para que esto suceda, el Parlamento Europeo y los Veintisiete también deben pactar el reglamento que regirá el funcionamiento del Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés), que repartirá 672.500 millones en préstamos y transferencias directas entre todas las capitales.
A España le corresponden unos 140.000 millones de euros de este plan anticrisis, de los que unos 72.000 millones son subsidios (59.000 millones del RRF) y el resto tienen la forma de créditos que tendrá que devolver con el paso de los años.
De forma paralela, tanto los Estados miembros como la Eurocámara deben completar los trámites legislativos para aprobar formalmente el nuevo régimen de condicionalidad al que se oponían Hungría y Polonia.
