Algunos organismos judiciales guardan silencio a la espera de un posible texto jurídico sobre la amnistía planteada por Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez; otros hablan de forma más o menos indirecta de las consecuencias de esta cesión al prófugo independentista que tiene la llave del gobierno. Nadie se refirió al asunto en la apertura del Año del Poder Judicial, aunque fue el tema casi único del que se habló en los corrillos.
El Tribunal Supremo podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante una hipotética Ley de Amnistía redactada para beneficiar a Puigdemont y demás condenados por el procés, y pensada para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez.
Y no solo puedo hacerlo el instructor del caso en el Alto Tribunal, Pablo Llarena, sino cualquier juez que dude de su constitucionalidad.
Durante la apertura del Año del Poder judicial, de manera muy indirecta, tanto el presidente en funciones del Supremo como el fiscal general del Estado, se refirieron a la eventual amnistía.
En su discurso de apertura del año judicial, que ha presidido el rey, Marín Castán ha dicho que "lo que está fallando es el impulso democrático" y que "deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria en favor de principios constitucionales más elevados" como es la urgente renovación del CGPJ.
La judicatura no suele pronunciarse sobre leyes aún inexistentes. Pero sí que va a observar con lupa lo que pueda acordar el Congreso sobre una ley que supondría borrar los delitos derivados del procés independentista, aunque algunos casos, sí han opinado.
Preocupa el encaje de la Ley en la Constitución. Si se aprobara, los jueces que instruyen causas relacionadas con el procés tendrían que aplicarla, aunque previamente hubieran elevado una cuestión de inconstitucionalidad.