El 11 de marzo de 2004, células de Al Quaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, tal y como sentenció la Audiencia Nacional y ratificó el Supremo, colocaron varias cargas explosivas en cuatro trenes de Cercanías en Madrid. Murieron 193 personas y cerca de 2.000 resultaron heridas.
En julio de 2007, a Audiencia Nacional sentenció que diez terroristas yihadistas fueron los autores materiales de los atentados. Ocho de ellos se habían suicidado, los otros dos fueron condenados a 42.000 años de cárcel. El jefe de la banda que proporcionó los explosivos fue condenado a 34.000 años. Siete de los 29 procesados fueron exculpados, y el resto condenados a diferentes penas de cárcel. No se pudo demostrar la culpabilidad de los tres procesados como autores intelectuales.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M quiere determinar si los atentados de hace 17 años se pueden calificar como delitos de lesa humanidad y no como terrorismo.
Para ello, ha encargado la elaboración de un informe jurídico. Quieren evitar, así, que esos delitos prescriban en menos de 3 años, en 2024.
De hecho, la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M lleva meses inmersa en una campaña con ese objetivo.
Los crímenes contra la humanidad y el genocidio no prescriben. En España, desde la reforma del Código Penal de 2010, tampoco los de terrorismo, pero sin carácter retroactivo.
Esto permitiría procesar a cualquier responsable de los atentados que aún no ha sido detenido y, de esta manera, resarcir a las víctimas.